MELQUIADES SUXO fue el último sentenciado a pena de muerte (1973)

Revista 7 Dias

11 de marzo de 2012

 

Melquiades Suxo, en 1973, fue el último castigado en Bolivia con la ejecución, por violación y asesinato, en un periodo en el cual no existía claridad sobre la legalidad de ese tipo de sanciones.

*Gladys Mayta y Melina Valencia Achá – Cambio

 “Una bala en la frente y otra en el corazón acabaron con su vida”, “Y cumpliose: Diez tiradores fusilaron a Melquiades Suxo”, son los titulares de algunos diarios del 30 de agosto de 1973, madrugada en la que fusilaron a Melquiades Suxo Quispe y truncaron el futuro de su familia. 

El acusado, un campesino de 54 años sentenciado a muerte el 7 de diciembre de 1972, fue fusilado después de nueve meses de penurias en la cárcel junto a sus dos hijos —los cuales estaban bajo su responsabilidad—, también acusados de ser cómplices de haber abusado sexualmente a una niña de cuatro años “innumerables veces”.

Este hecho aconteció en el gobierno dictatorial del extinto Hugo Banzer Suárez y se constituye en la última ejecución ordenada por la justicia en nuestro país en el marco de los Códigos Banzer, que restablecieron la pena de muerte durante un año. Entonces la población exigía la pena capital por la impotencia frente a los actos delictivos.

Tras una pesquisa realizada durante casi cinco años por el periodista y abogado Nicolás Fernández Motiño, hoy se puede conocer las circunstancias dramáticas que tuvieron que atravesar dos de los hijos de la familia de Suxo tras la acusación a su padre que lo llevó a la muerte.

Melquiades Suxo era un hombre de campo y analfabeto que desde la localidad de Viacha se trasladaba al centro de la ciudad de La Paz junto con su familia en busca de una mejor vida, comenta Fernández, quien logró conversar personalmente con los hijos de Melquiades.

Suxo tuvo cuatro hijos con una mujer que lo había abandonado y lo dejó solo a cargo de dos de ellos: un adolescente de apenas 14 años y una niña de 12.

Los dos hijos de Melquiades, que por razones obvias prefieren mantener en reserva sus nombres, aseguraron que su padre era un hombre ejemplar que no merecía que su imagen fuera denigrada con acusaciones falsas en su contra.

Según la versión de la hija del sentenciado, su calvario comenzó cuando conoció de forma circunstancial a la niña que fue violada.

“La niña estaba a punto de ser atropellada cerca del mercado Yungas —me contó la hija de Melquiades—; ella la salvó de ser arrollada por los vehículos y por la conmoción del momento la niña no quiso soltarle la mano y fue por eso que la llevó a su casa”, narró Fernández.

Desde un principio, Melquiades se opuso a que la niña desconocida se quedara en su casa, incluso la llevaron a la policía para que dieran con el paradero de su familia, pero sin resultados. Según el testimonio de la hija de Melquiades, la policía no les dio importancia, razón por la cual tuvieron que regresar a su cuarto con la niña, que después de un tiempo apareció muerta y con rasgos de haber sido violada en la habitación donde vivían como inquilinos.

La familia de Melquiades lamenta haber encontrado aquel día a la niña porque fue el inicio de un sinfín de desgracias para su familia.

De acuerdo con las investigaciones del periodista Fernández, se sospecha de un inquilino que vivía en la misma casa donde Suxo alquilaba un cuarto con sus dos hijos. Misteriosamente el joven desapareció el mismo día de la muerte de la pequeña.

Pero casi inmediatamente detuvieron a Melquiades y a su hijo como principales sospechosos de la violación y asesinato de la niña de cuatro años. En tanto que su hija fue acusada de secuestrarla.

Es así que comenzó para la familia Suxo un año de torturas y detención hasta la ejecución de la sentencia de muerte de Melquiades, el 30 de agosto de 1973.

El día de la ejecución

A las 05.35 se dio la orden de llamar a Melquiades Suxo, quien se encontraba junto con su hijo en la capilla de la cárcel de San Pedro.

Sus ejecutores —que conformaban un pelotón de 10 soldados—, funcionarios del Ministerio Público y otra decena de autoridades le pidieron a Suxo que salga de la capilla. Quizás presumiendo lo que iba a suceder, se despidió de su hijo en aymara: “Chau, me estoy yendo, pero voy a volver. Te lo voy a pedir ayuda del más allá, te vas a portar bien… Toma esto (le alcanzó a su hijo 4 pesos)”. Y finalmente le dio dos besos en ambas mejillas.

Cuando era conducido al lugar de la ejecución, le indicaron que caminara solo; así llegó hasta un poste, donde inicialmente se resistió a que se le amarrara y vendara. “Ah, ya sabía siempre esto. Anoche me he soñado que he entrado al lago. Ya no estoy aquí, ya me he despedido”, dijo.

Finalmente lo redujeron y le dieron a beber una botella de singani marca Tres Estrellas, a solicitud de Suxo, quien se bebió el primer vaso de un golpe y pidió que el resto le sirvieran poco a poco. Antes de terminar la botella indicó que le sacaran un papel y diez pesos de su bolsillo. En el papel dejó supuestamente una lista de cinco nombres a los que la dictadura de Banzer también debía ejecutar.

En su carta manuscrita acusó directamente a varias personas de haber cometido los mismos delitos de los que le acusaban, pero por su analfabetismo su letra era ilegible, por lo que se consideró que talvez se valió de otras personas para redactar esos nombres. La prensa escrita no precisa en sus crónicas los nombres de esas personas.

A las 05.50, el pelotón de fusilamiento al mando de un oficial de carabineros formó en dos filas, cinco parados y cinco arrodillados, quienes en sus fusiles tenían, previo sorteo, cinco proyectiles de guerra y cinco de fogueo.

Una vez ubicados en posición, el comandante del pelotón dio la orden de fusilamiento: Apunten, ¡fuego!... Dos proyectiles se alojaron en el cuerpo de Melquiades Suxo, uno en la frente y otro en el tórax. Segundos después el comandante le dio el tiro de gracia.

El médico forense, presente en la ejecución, constató que la causa de la muerte se debió a un traumatismo cráneo encefálico con hemorragia interna provocado por proyectiles de armas de fuego.

El cadáver de Suxo fue trasladado al Cementerio General en el vehículo de la Brigada de Homicidios.

A las 06.45, en presencia del Director General del Registro Civil, el notario, el detective de la Fiscalía y periodistas, se procedió a la inhumación del que fue Melquiades Suxo.

La hija pidió la ejecución de los tres

El 29 de agosto, el diario Nueva Jornada publicó el pedido de la hija de Suxo. Unos días antes del fusilamiento llegó a decir que debían matarlos a los tres, porque no querían quedar solos cuando su padre fuera ejecutado.

La hija de Melquiades había sido conducida a San Pedro para que se despidiera de su padre y pudiera conversar con su hermano. Los tres debían tomarse unas fotografías antes del fusilamiento.

La niña de 12 años llegó al penal a las 11.00 desde la cárcel de mujeres de Obrajes. “Apareció en las puertas del panóptico completamente cambiada a la última vez que se la vio cuando aún usaba polleras. Ahora usa vestido y tiene el cabello peinado en diferente forma”, describe el momento de ese día la versión de periodística de Nueva Jornada.

Ese día, cuando ambos niños vieron a su padre, se produjo la escena más conmovedora y dramática. La hija derramó amargas lágrimas… y los tres conversaron por más de una hora. Ambos hermanos, analfabetos igual que su padre, habían aprendido a leer y escribir, la niña internada en la cárcel de Obrajes y el niño en una sección del penal de San Pedro. 

Suxo tallaba anillos a la espera de su muerte

En una entrevista realizada por Guido Pizarroso y publicada en el diario Hoy el martes 28 de agosto, Suxo expresa gran resignación cuando se entera de que Banzer le negó el indulto e insiste en que es inocente.

—¿Qué piensas de la decisión del Presidente para no perdonarte? —le preguntan.

—Qué se va a hacer, le voy a mandar otra carta pidiéndole perdón.

—¿Qué cree que es morir?

—Yo no sé, no me doy cuenta.

—¿Cómo crees que es la muerte?

—Sólo Dios sabe, yo no. Que vengan los doctores a verme.

Suxo hacía anillos de cuerno de res en la cárcel y los vendía a un peso, y en el momento de la entrevista hacía uno exclusivo para él, pero se lo regaló al periodista.

—¿Cómo estás de salud?

—Mírame, estoy enfermo; mi cabeza me duele, creo que está llena de sangre. Mi hueso de aquí está roto (se toca el costado izquierdo de su cuerpo). Mi pierna está lastimada, mirá… (muestra su pierna derecha mal vendada).

No hubo más tiempo y fue la última pregunta que respondió el sentenciado.

Tiempos de tortura

Hasta hoy, los hijos de Suxo evocan con amargura los recuerdos de los dramáticos momentos que vivieron en la morgue del Hospital de Clínicas. Allí fueron obligados a dormir junto a los cadáveres y a besarlos, mientras veían golpear a su padre hasta dejarlo con los huesos de la rodilla rotos.

Los niños tenían que trasladar a su padre casi arrastrándolo hasta la Dirección de Orden Político, frente a las instalaciones de la Prefectura de La Paz (hoy Gobernación), lo cual significa para el periodista que el proceso de detención también fue irregular.

Según las apreciaciones del periodista y abogado Nicolás Fernández, la familia Suxo fue víctima de los intereses políticos del Gobierno de Banzer. “Fueron utilizados como chivos expiatorios”, sostuvo.

En esa época, en los pasillos de los tribunales los propios jueces comentaban sobre la ilegalidad del caso, pues la pena de muerte no era constitucional. “Según analizábamos, se debía aplicar la Constitución”, señaló.

Sin embargo, indicó que las normas vigentes en esa década se contradecían. Mientras el decreto ley que restituía la pena de muerte, el año 1973, daba vía libre a la máxima sentencia, la Constitución Política de Estado la prohibía.

Según el análisis del investigador, esos códigos implicaron la modificación de la legislación boliviana; las figuras de desacato, instigación pública a delinquir y apología del delito fueron introducidas en el Código Penal con la clara intención de reprimir ‘legalmente’ a opositores sociales y políticos.

“La idea, aquel tiempo, era que la oposición no sea vista como ‘política’, sino como delincuencial. La pena de muerte le permitía al régimen tener el argumento de que en Bolivia no existían presos políticos, sino sólo delincuentes”, añadió.

Explicó que el establecimiento de la condena en la redacción original del Código Penal, en su artículo 26, en el Decreto Ley Nº 09980, del 5 de noviembre de 1971, fue ordenado por el régimen banzerista y de facto con bastante anticipación.

Así, el gobierno de Banzer, aferrándose al clima de tensión de las vendedoras del mercado Yungas, que pedían enfurecidas la máxima sentencia del supuesto violador, aprobó el restablecimiento de la pena de muerte para los delitos de asesinato, homicidio y traición a la patria, además del terrorismo, el secuestro de personas y los actos de guerrilla.

La redacción del texto original del Código Penal Boliviano fue modificada un año más tarde por la Ley Nº 1768 de Reformas al Código Penal, debido a su abierta contradicción con el derecho a la vida consagrado expresamente por la misma Constitución, que es una norma de aplicación preferente en virtud de la supremacía constitucional.

El entonces dictador Banzer negó el indulto y mandó al paredón al campesino Melquiades Suxo, que finalmente fue obligado a firmar una declaración de culpabilidad para que fuera fusilado. Aunque las pruebas demostraban su inocencia.

“¿Cómo un hombre con disfunción eréctil podría ser acusado de haber abusado sexualmente de una menor innumerable cantidad de veces?”, se pregunta de forma irónica Fernández, quien asegura que la culpabilidad fue tan forzada que incluso se introdujo a los hijos de Suxo en la acusación del crimen.

Es así que el muchacho de 14 años fue acusado de ser cómplice de su padre y de violador, aunque aún era casto.

Para implicarlo y acusarlo, durante las torturas en la morgue le obligaron a romperse el prepucio de su órgano viril. La niña de 12, por su parte, fue acusada de raptar a la menor de cuatro años.

Pese a ser menores de edad, ambos niños fueron trasladados a instituciones de reclusión después del fusilamiento de su padre. El adolescente a la cárcel de San Pedro, donde permaneció desde 1973 hasta 1984, y la niña al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, desde 1973 hasta 1978. 

Lo cierto es que el caso de Melquiades Suxo, según Fernández, fue el único en el que la justicia, a través de la norma de restablecimiento de la pena máxima, mandó al paredón a un ciudadano.

“La norma era una burla para la ciudadanía, incluso para los delincuentes, pues era tan inconsistente que apenas tuvo un año de duración”, señaló el periodista. El dictamen judicial generó mucha polémica en los pasillos judiciales porque los denominados Códigos Banzer se pusieron por encima de la Constitución Política del Estado.

Actualmente la condena se encuentra proscrita de la legislación boliviana, que está reforzada por la adhesión a convenios internacionales en los que se prohíbe esta condena.

La Constitución Política del Estado Plurinacional, promulgada el año 2009, establece en el artículo 15, parágrafo I: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte”.

Asimismo, la Ley de Deslinde Jurisdiccional establece la prohibición de pena de muerte en su Artículo 6, que señala: “En estricta aplicación de la Constitución Política del Estado, está terminantemente prohibida la pena de muerte bajo proceso penal en la justicia ordinaria por el delito de asesinato a quien la imponga, la consienta o la ejecute”.

Esta norma se encuentra en concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, aprobado y ratificado por Bolivia mediante Ley Nº 1430, de 11 de febrero de 1993), que declara expresamente en su artículo 4: “No podrá reimplantarse la pena de muerte en los Estados que la han abolido...”, lo cual se ha efectivizado por vía constitucional, en el caso de Bolivia.

Vidas frustradas

Los hijos de Melquiades Suxo aún viven. El trauma que les dejó la falsa acusación incidió en su vida futura. Él nunca se casó, pues a partir de todos los abusos que sufrió por parte de la policía de entonces, junto con el abandono de su madre, sintió aversión hacia las relaciones de pareja.

Aunque no fueron fusilados igual que su padre, ambos se sienten víctimas de muerte civil, pues con mentiras se desprestigió la imagen de su padre y, en consecuencia, la de ellos. Se estigmatizó a tal grado su apellido que hubo un tiempo en el que a los violadores y delincuentes se los llamaba “Suxo” cuando se quería darles un denominativo despectivo, comentó Fernández.

En la actualidad, la demanda de la instauración de la pena de muerte vuelve a la mesa de debate en Bolivia. Es una medida que la ciudadanía ve como alternativa para castigar a delincuentes, asesinos, violadores y ‘cogoteros’, y que se reavivó a raíz del asesinato, el 25 de febrero, de Verónica Peñasco y su hermano Víctor Hugo, dos periodistas de estaciones de radio en cuyos cuerpos se encontró señales de estrangulamiento.

Sin embargo, desde la Asamblea Legislativa se analizan otras alternativas que no atenten contra los derechos humanos, como la figura de modificar el Código de Procedimiento Penal con penas más duras o la cadena perpetua para los delincuentes que atenten contra la vida de una persona.

*Con datos de la investigación del periodista y abogado Nicolás Fernández, y notas de los periódicos Hoy y Nueva Jornada recopilados de la Hemeroteca Pública.