Sociedad
El debate
sobre la pena de muerte regresó a Bolivia después del asesinato de los hermanos
Peñasco Layme. Las posiciones son divididas. Cambio presenta el caso de
Melquiades Suxo, que aún genera dudas sobre la efectividad de la pena capital.
1973 es el año en que Melquíades Suxo fue sometido a la pena capital por el
delito de estupro y asesinato de una niña de cuatro años.
LA PAZ
Cambio
Es 27 de agosto de 1973. Faltan tres días para que Melquiades Suxo sea
fusilado. Este campesino migrante de Sunimuri, un pueblo ubicado a orillas del
lago Titicaca, arenero de oficio, ha sido acusado de estupro y asesinato de una
niña de cuatro años.
La pena máxima ya no existe en Bolivia, ha sido excluida de
la Constitución Política del Estado en 1967, pero la población exige que sea
repuesta para aplicarla en contra de Suxo.
El país vive un período de dictadura instaurado por Hugo
Banzer Suárez, quien ha rechazado el pedido de indulto de Suxo y ha ordenado su
inmediata ejecución.
“He determinado que se cumpla la sentencia pronunciada por
su Juzgado, junto al sincero deseo de que la majestad de la Justicia boliviana
consiga con sus fallos la vigencia del respeto a la vida, la propiedad privada
y el honor de las personas e instituciones en la sociedad nacional, resguardando
sobre todo a la mujer y niñez boliviana”, indica la respuesta del Jefe de
Estado a la carta enviada por la defensa de Suxo.
El periodista Guido Pizarroso, del periódico Hoy, llega
hasta la ófrica celda del condenado en la cárcel de San Pedro, para hacerle una
entrevista.
Lo encontró talando un anillo de cuerno de algún animal. La
escena le dio el título a su nota periodística: “Talando un todo anillo, Suxo
espera la muerte”.
El migrante aymara no habla bien el castellano y tiene que
recurrir a palabras de su lengua materna para responder con frases cortas a las
preguntas que se le hace, destaca Pizarroso en su entrevista.
“(...) espera pacientemente sin saber realmente en qué
consiste la muerte. Muestra gran resignación cuando se enteró de que el
Presidente de la República le negó el indulto, pero insiste en que es inocente.
‘No tengo huevos’, dice y pide que vayan muchos médicos a convencerse”, señala
parte de la entrevista publicada en el periódico Hoy el 28 de agosto de 1973.
El estado físico de Suxo evidentemente se mostraba seriamente deteriorado,
porque a la pregunta de Pizarroso sobre su salud, Suxo le responde: “Mirame,
estoy enfermo, mi cabeza me duele, creo que está llena de sangre. Mi hueso de
aquí está roto (se toca el costado izquierdo). Mi pierna está lastimada, mirá
(muestra su pierna derecha mal vendada)”.
A los dos días de la publicación de la entrevista, el 30 de
agosto, aproximadamente a las 6 de mañana, Melquiades Suxo fue fusilado en el
panóptico de San Pedro.
Los hijos de Suxo
En la entrevista de Guido Pizarroso no se menciona que
Melquiades Suxo tenía dos hijos: uno de 17 años y una niña de 14, quienes junto
a él también fueron sentenciados por complicidad.
Mientras la niña, pese a ser menor de edad, fue condenada a cinco años de
cárcel por rapto; su hermano, también menor de edad, recibió la pena de 20 años
de prisión por estupro.
En esa misma época, el hoy periodista y abogado
Nicolás Fernández había llegado a la ciudad de La Paz con su madre, procedente
de Potosí.
Pese a que aún era un niño, vivió la conmoción nacional de
ese entonces. Más porque en la casa a la que llegó a vivir, en la calle
Armentia, habitaba uno de los fiscales que estuvo a cargo del caso.
Pasaron 20 años después del hecho, y en 1993 Nicolás, que se
había convertido en un periodista, decidió investigar el caso Suxo.
“Durante años busqué, sin suerte, a los hermanos Suxo, de
quienes sabía habían cumplido su condena en la cárcel”, dice este periodista.
Su búsqueda terminó en 2011, cuando un día se le ocurrió
tomar una guía telefónica de la ciudad de La Paz para buscar el apellido Suxo.
Lo encontró. Llamó; y grande fue su sorpresa cuando en el primer intento
encontró a la hermana.
Le fue muy difícil lograr una entrevista personal con ella,
pero finalmente lo logró. La primera reunión fue impactante para Nicolás porque
la mujer había llevado por mucho tiempo oculto el terror que vivió en su
infancia. Y al revivir esos episodios estalló en una crisis emocional.
“Sufría y sufre de una victimización permanente”, dice el
periodista.
La hija de Suxo contactó a Nicolás con su hermano. Y ambos
le contaron su verdad en la que aseguran haber sido forzados, a través de la
tortura y la vejación, a confesar una culpa y una condena que cargan hasta hoy.
Al ser aprehendidos, los hermanos Suxo, junto a su
padre, fueron llevados a las oficinas del Departamento de Orden Político (DOP),
donde fueron torturados y obligados a confesar que, junto a su padre, habían
participado en la violación y asesinato de la niña María Teresa Mamani, de
cuatro años de edad.
Pero, lo peor lo vivieron en la morgue, donde la hija de
Suxo fue obligada a dormir con el cadáver de la niña María Teresa y “besar a
los muertos”, señala el periodista Fernández.
El reportero y también abogado indica que los hermanos Suxo también “fueron
obligados a ver cómo le rompían las piernas a su padre para hacerle confesar”,
Y la tortura también había alcanzado al hijo mayor de
Suxo, a quien “le rasgaron el prepucio para demostrar que no era casto y
así tener la prueba de que había participado en el ultraje sexual de la menor”.
“Yo ni siquiera sabía qué era sexo”, le confesó el hijo de
Suxo Nicolás, 38 años después del fusilamiento de su padre Melquiades Suxo.
El periodista está convencido de que la familia Suxo es
inocente y que fue víctima de una medida política del Gobierno de facto de
entonces.
“La decisión fue más política porque Hugo Banzer
quería frenar la resistencia de los sindicatos y otros sectores a su Gobierno
de facto”, sostiene.
Lo cierto es que a casi 40 años de la última aplicación de
la pena de muerte en Bolivia, aún se debate la inocencia o culpabilidad del
condenado Melquiades Suxo.
DATOS
• Melquiades Suxo era un campesino migrante que
vivía en la zona de Chuquiaguillo de La Paz y era arenero de oficio.
• Los dos hijos de
Melquiades, menores de edad, fueron sentenciados a 20 y cinco años de cárcel
por complicidad
• En 2011, el periodista y
abogado Nicolás Fernández encontró a los hermanos Suxo, quienes le confesaron
su inocencia.
• Después del asesinato de
los hermanos periodistas Peñasco Layme, la población demandó la aplicación de
la pena capital.
• Autoridades plantean pensar
en medidas de rehabilitación y reinserción de las personas que cometen delitos.
• Movimientos sociales
proponen la aplicación de medidas de prevención que involucren a la sociedad en
su conjunto.
Puntos de vista
Andrés Alanoca
Alcalde de Jesús de Machaca
Pedimos que las autoridades tomen cartas en el asunto porque
la población ya está tomando la justicia por mano propia y no podemos hacer
nada ante el incremento de la delincuencia, que nos trae luto y dolor a las
familias.
Los hijos de uno de los mallkus de nuestra comunidad fueron
asesinados por estos delincuentes, y es como si la muerte hubiera llegado a
todas las familias, por eso reclamamos justicia y vamos a seguir hasta
conseguirla.
Ernestina Colque
Comunaria de Andrés de
Machaca
Cómo podemos vivir con miedo, ya no se puede caminar ni
temprano ni de noche. Los que vivimos en el campo siempre hemos estado
amenazados por los delincuentes que nos asaltan en el camino.
Estamos cansadas de que maten a nuestros hijos, esposos,
padres y hermanos. Ahora las mujeres también corremos peligro, como ocurrió con
la compañera Verónica Peñasco. Por eso pedimos la pena de muerte para los
‘cogoteros’.
María Mamani
(Familiar de una víctima)
Una pena lo han dejado a mi hermano, totalmente golpeado. La
Policía no nos da garantías, y los ‘cogoteros’ nos tienen amenazados a toda la
familia. También tenemos gastos que hacer para la curación de mi hermano,
necesito harta plata.
Sólo para reconstruirle el pabellón de la oreja necesitamos
4 mil bolivianos y es más dinero para la cara. ¿Acaso ellos piensan en ese daño
cuando les hacen eso? Aunque sea debían desvestirlos, pero no matarlos o
herirlos.
Gustavo Minaya
Poblador de la Prov. Ingavi
Estos delincuentes no tienen respeto por la vida, parece que
matan por gusto. Entonces ¿qué podemos hacer? También el Gobierno tiene que
tener en cuenta que sus jueces y fiscales son cómplices de los ‘cogoteros’,
porque los dejan libres.
Si por lo menos el Ministerio Público hiciera su trabajo, no
estaríamos en peligro de muerte. En todo caso, que las autoridades hagan alguna
acción para que estos delincuentes no salgan de la cárcel a enlutar a las
familias.
“Otro no puede convertirse en
asesino”
“Es preocupante porque los casos de violencia se ven todos
los días en todas partes de Bolivia y pasan como si nada, pero no quisiera que
la pena de muerte convierta a otros en asesinos”, opinó Julia Ramos, secretaria
ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas, Campesinas y
Originarias - Bartolina Sisa.
Así la dirigente expresó su desacuerdo con la implementación
en Bolivia de la pena de muerte contra ‘cogoteros’ y violadores, como demandó
en los últimos días la población de El Alto y de algunas provincias de La Paz,
después del asesinato de los hermanos periodistas Peñasco Layme.
Ramos convocó a la población en general a asumir medidas de control en las
comunidades y barrios, con la colaboración de efectivos policiales.
“Si hay gente que comete delitos, no puede ser que vaya a
cárceles hacinadas, porque ahí es donde tiene que rehabilitarse, estudiando y
aprendiendo oficios para generar ingresos incluso para su alimentación”,
sostuvo Julia Ramos.
Viceministra de Igualdad:
Postura es bastante radical
La viceministra de Igualdad de Oportunidades del Ministerio
de Justicia, Karina Marconi, consideró que la demanda de pena de muerte
en Bolivia para ser aplicada a delincuentes ‘cogoteros’ y violadores “es una
postura bastante radical”.
“Implicaría cambiar la Constitución Política del Estado, que
reconoce el derecho a la vida. Más bien, es oportuno pensar en medidas de
rehabilitación, de reinserción de las personas que cometen delitos”, dijo la
viceministra Marconi.
La autoridad remarcó que el Ministerio de Justicia
estableció conversatorios al respecto en mesas de diálogo para analizar el
asunto de manera profunda
“La inseguridad ciudadana no requiere sólo respuestas del
Estado, sino también de la sociedad civil”, añadió la Viceministra.
Indicó que “hace falta debatir más y avanzar en políticas
que den respuestas desde el nivel central, las gobernaciones, municipios y
población en general” al problema de la inseguridad ciudadana, que ha
movilizado a algunos sectores de la población de El Alto y provincias de La
Paz.
“Apliquemos resultados de la
cumbre”
El presidente del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos,
Víctor Vacaflores, afirmó que la pena de muerte no es la solución para resolver
el problema de la inseguridad ciudadana, y exhortó a las autoridades a trabajar
en medidas de prevención de la delincuencia, como el fortalecimiento de la
Policía y la aplicación de las conclusiones surgidas en la Cumbre de Seguridad
Ciudadana de Tarija.
“Desde el punto de vista humano y social, y de los derechos
humanos, no es la salida instaurar la pena de muerte, porque se corre el
peligro de cometer errores, como ocurre en Estados Unidos, donde se tienen
registrados casos en que mucha gente inocente fue ajusticiada”, afirmó.
Recordó que Bolivia tiene suscritos una serie de convenios internacionales,
como el Pacto de San José, el cual establece la abolición de la pena de muerte
de las legislaciones de los países miembros
Afirmó que el debate de la pena de muerte resurge en el país siempre que
suceden hechos de violencia y delincuencia que conmueven a la población, “por
lo que es necesario que de una vez las autoridades implementen las soluciones
concretas que se plantearon y aprobaron en la Cumbre de Seguridad Ciudadana”.
“De lo contrario la sociedad va a seguir viendo que la pena
de muerte puede ser la solución a este problema y que hacer justicia con mano
propia es la actitud correcta”, concluyó el activista de derechos humanos.
Vecinos organizados de El Alto y choferes sindicalizados pidieron armas para responder a los ataques de los delincuentes; y ya se habla de la formación de patrullas o rondas para evitar asaltos en las calles de los barrios más alejados del centro de la ciudad.
Aire enrarecido respira uno cuando mira muñecos de trapos colgados en postes de luz, lee en muros “ladrón que sea sorprendido será quemado” o “… sus manos serán cortadas”; o cuando uno escucha ladridos de perros guardianes, enfurecidos por la presencia de extraños; o cuando uno ve alambre de púas, electrificadas o no, o pedazos de vidrio cual deformes cuchillos dentados sobre muros.A la hora de una conmoción social por la brutalidad con que actúa la delincuencia, más de uno quisiera entre sus manos un arma de fuego con el dedo puesto en el gatillo… por si acaso.En dos momentos históricos, la Constitución Política del Estado autorizaba armarse a los ciudadanos: “Todo ciudadano tiene el derecho de tener un arma para defender el orden público y las instituciones (Art. 29, Constitución de 1871; gobierno de Agustín Morales)” y “Las milicias populares, autorizadas por el Supremo Gobierno, pertenecen a la reserva de las Fuerzas Armadas (Art. 21, Constitución de 196; Víctor Paz Estenssoro)”.Actualmente, no está prohibida la portación de armas de calibre menor destinada a la autodefensa personal de civiles o la protección de negocios, incluida las armas de uso deportivo o caza. La autorización y registro es facultad de la policía nacional, lo que no da derecho a su empleo criminal.La constitución vigente faculta a los civiles la aprehensión de personas encontradas en delitos flagrantes, “aún sin mandamiento”, con el único fin de entregarlas a la autoridad competente policial o judicial (Art. 23, inc. IV).El Código de Procedimiento Penal amplia el mandato constitucional: “El particular que realice una aprehensión, recogerá también los objetos e instrumentos que hayan servido para cometer el hecho o sean conducentes a su descubrimiento y los entregara a la autoridad correspondiente (Art. 229)”.La Ley penal considera que hay “flagrancia” cuando el sospechoso es sorprendido en el intento, la consumación o la fuga del delito.El ciudadano no tiene obligación de denunciar un hecho delictivo, lo contrario significaría convertirlos en agentes de un Estado policial. El CPP (Art. 284) condiciona a un “podrá”. En cambio, la obligatoriedad corresponde al Fiscal, Policía, funcionarios públicos, médicos, enfermeros, farmaceúticos y otros que conozcan del hecho en el ejercicio de su profesión u oficio (Art. 286).Los periodistas, sobre todo los especialistas en la cobertura policial y judicial, conocen de hechos criminales y publican con detalles el qué, cómo, quién, dónde y cuándo ocurrió; pero tampoco tienen obligación de denunciar el hecho ante autoridad policial o judicial, lo hacen con las publicaciones.
La casa representa, además, el espacio vital de la familia donde ejerce todos sus derechos y libertades a plenitud, lejos de las perturbaciones. La constitución (Art. 25, Inc. I) reconoce el “derecho a la inviolabilidad” del domicilio de su domicilio y el CPP (Art. 180) prohíbe el allanamiento en horas de la noche (de 19:00 a 07:00), excepto en delitos flagrantes.La violación de este espacio familiar conlleva una sanción agravada si ocurre con uso de la fuerza en las cosas, violencia de personas, con armas, “escalamiento o uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante”, o con abuso de autoridad (Arts. 298, 299 y 326, CP).El Código Penal boliviano exime de responsabilidad criminal a las personas que hayan actuado en “legítima defensa”, “ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber”, o en “estado de necesidad (Arts. 11, num. 1 y 2, y Art. 12)”.
“(…) en la medida en que la defensa sea respuesta proporcionada a una agresión injusta (n.r. del agresor), no cabe duda de que, cualquiera que sea la actitud anímica del que se defiende, existe una auténtica causa de justificación que legitima el acto realizado (Muñoz Conde, 2004).Para justificar una reacción violenta contra un ataque también violento, la ley penal exige cumplir con requisitos como la proporción, ataque injusto y actual. Es decir, que no se podría repeler un ataque con arma de fuego cuando el atacante emplea sus puños, o pasada la agresión busca al agresor para dar fin con él. Así habría desproporción y venganza, por tanto, no constituirá causa de justificación de un delito. Un linchamiento no es legítima defensa, lo es cuando un “cogotero” que ataca de sorpresa pero es vencido por su víctima, por ejemplo.Si bien la Constitución, el Código Penal y el de Procedimiento Penal protegen el domicilio, sus ocupantes tienen derecho a la legítima defensa mediante “defensas mecánicas predispuestas” o “los offendicula” (Miguel Harb, 1992). Los primeros pueden ser armas que se activen de manera automática frente a invasiones, trampas mortales, artefactos eléctricos, alarmas, etc. y los segundos perros amaestrados, vallas o alambre de púas electrificadas, verjas dentadas y filudas, vidrios rotos encima de muros, etc. Unos son disuasivos y otros ofensivos, que incluso pueden ocasionar lesiones graves o la muerte. En todos los casos, según juristas, la advertencia debe claramente notoria de modo que el sujeto asuma los riesgos de sobrepasar las defensas.
Los muñecos de trapo colgados en postes y las advertencias escritas en muros, son señales de justicia por mano propia como ya ocurrieron en varios barrios con el saldo de supuestos delincuentes colgados o quemados en carne y hueso hasta morir, incluso de inocentes.El ejercicio de la legítima defensa con exceso y brutalidad, revierte el papel de víctima a victimario. En todo caso, es el juez quien determina la legítima defensa en la justa medida.
