Periodismo con Memoria
Se
dijo que querían eliminar a Gonzalo Sánchez de Lozada
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| Carlos Sánchez Berzaín y Gonzalo Sánchez de Lozada | | | (La Razón) |
Nicolás
Fernández Motiño
(La
Prensa, febrero 24 de 2003).- El fiscal general de la República, Óscar Crespo,
descabezó al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) luego de que esta
organización judicial verificara que policías antiterroristas del Grupo de
Acción Inmediata (GAI) dispararon al Palacio de Gobierno durante el
enfrentamiento armado con militares en la plaza Murillo, el miércoles 12 de
febrero.
Los
GAI, que responden a un comando exclusivo financiado por la Embajada de Estados
Unidos en La Paz, al parecer se sumaron a los policías amotinados que resistían
a los soldados y dispararon con sus fusiles de precisión desde uno de los pisos
del edificio del Instituto de Reforma Agraria, ubicado en la calle Indaburo y
Junín, y muy probablemente desde el Hotel París.
La
trayectoria de los proyectiles, según los investigadores forenses, recorrió
desde estos edificios con dirección a los ventanales de las oficinas del
Palacio de Gobierno.
El
gobierno, tras los sucesos del miércoles 12, había denunciado que
francotiradores que no son del Ejército ni de la Policía intentaron eliminar al
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Sin embargo, la revuelta policial que
desencadenó una protesta masiva de la población tuvo su origen en el impuesto
al salario del 12,5 por ciento —el “impuestazo”— que pretendían aplicar las
autoridades.
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| Soldado herido (La Razón) |
Los
investigadores del IDIF, dirigidos por Jorge Núñez del Arco, encontraron, entre
el viernes y domingo, evidencias de la actuación del GAI, pero no pudieron
establecer bajo qué órdenes operaron, ya que esta unidad sólo responde al
Presidente de la República, el Ministro de Gobierno, el Comandante General de
la Policía y el Jefe de Inteligencia de la Policía.
La
responsable de los fiscales asignados al caso, Gilka Hinojosa, y de los
policías, el mayor Carlos Coritza, dirigieron las indagaciones y se hicieron de
pruebas que confirman que policías de élite, todos del GAI, abrieron fuego
contra los ventanales del Palacio de Gobierno en instantes en que el presidente
Sánchez de Lozada permanecía aún en ese lugar bajo el resguardo de la guardia
presidencial.
Lo
curioso del caso es que el Fiscal General de la República ordenó el repliegue a
Sucre del director del IDIF, Jorge Núñez del Arco, justo cuando encontraron
pruebas, lo que dejó sin dirección a los investigadores y peritos forenses.
Paralelamente
a las indagaciones del IDIF, las Fuerzas Armadas actuaron en el mismo camino
con el propósito de identificar a los policías que dispararon como
francotiradores desde el Hotel París, que queda frente al Palacio Quemado, y
desde el ex edificio de la radio Nueva América.
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| Policía herido (La Razón) |
Fuentes
policiales y militares confirmaron a La Prensa que ambas instituciones
movilizaron a sus fuerzas reservadas para operaciones secretas: el GAI de la
Policía Nacional y el GRIE (Grupo de Reacción Inmediata del Ejército). Se
desconoce si ambas unidades chocaron el miércoles 12 de febrero. Lo evidente es
que el GAI disparó contra el Palacio, donde murieron un soldado y un oficial
del Ejército.
La
Policía contó con 10 muertos y una veintena de heridos. El Ejército cuatro
muertos y 50 heridos, todos de bala.
La
Prensa conoció que el dueño del edificio donde funcionaba radio Nueva América,
Martín Salmón, denunció que el miércoles 12 unos 20 policías armados ingresaron
por la fuerza a los pisos nueve y 10, y desde allí dispararon contra el frontis
del Palacio. Desde una de las cúpulas de la Catedral, los militares
respondieron a los tiros.
Durante
el trajín de la balacera, un oficial dejó una gorra policial que llevaba el
apellido Saavedra. Y en el edificio del INRA los GAI dejaron algunas municiones
servidas que fueron recuperadas por los forenses.
Otro
grupo de seis policías, armados con fusiles, actuó desde la habitación 207 del
segundo piso del Hotel París.
Una
semana tarde
Los
investigadores del IDIF ingresaron al Palacio una semana después de los hechos
sangrientos porque, según fuentes policiales, el entonces ministro de la
Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín, ordenó que se evite las pesquisas pese a
que el gobierno denunció un intento de asesinato al Presidente.
El
enfrentamiento armado entre policías y militares se produjo el 12 de febrero.
Pero al día siguiente los francotiradores militares continuaron con la
balacera, que dejó muertos y heridos civiles.
Lo
que llama la atención es cómo el GAI, siendo una unidad de policías de élite y
bajo comando exclusivo, llegó a la plaza Murillo para “combatir” a los
militares atrincherados en el Palacio de Gobierno y las calles aledañas.
Se
conoció extraoficialmente que la Embajada de Estados Unidos comunicó su
malestar por el empleo del GAI en una situación que no respondía a los
objetivos para los que fue creado ese comando, es decir, de acción inmediata en
“operaciones quirúrgicas”.
Para
los policías no es desconocida la existencia del GAI ni para los militares el
GRIE.
Penalista
pide la actuación del Ministerio Público
El
abogado penalista Gonzalo Valenzuela demandó al Ministerio Público una
investigación veraz y transparente de los sucesos del miércoles 12, cuando se
enfrentaron policías y militares, y el jueves 13, cuando los militares dispararon
y mataron a civiles, con el fin de imponer un estado de derecho y recuperar la
imagen de país pacifista.
Valenzuela
dijo que haciendo abstracción del origen del problema, durante dos días en
Bolivia se puso en riesgo la existencia de un Estado democrático.
Sostuvo
que todo ciudadano tiene el derecho constitucional a la petición, sin emplear
la violencia, violar las normas jurídicas ni colocar a Bolivia en un sitio de
país de riesgo.
“Lamentablemente
—dijo Valenzuela— se produjeron hechos que ingresaron a la conducta
antijurídica sancionados por el Código Penal”.
Los
hechos del miércoles 12 y jueves 13, que dejaron el saldo de 33 muertos y 205
heridos entre policías, militares y civiles, han sido tipificados como delitos
de alzamiento armado contra el Estado, sedición, atribuirse el derecho del
pueblo, conspiración, atentados contra el Presidente de la República y otros
dignatarios de Estado, omisión de deberes, entre otros.
El
penalista reclamó que es importante recuperar el principio de autoridad y sancionar
con justicia a los responsables de los sucesos sangrientos.
Manifestó
que el Ministerio Público, mediante el Instituto de Investigaciones Forenses,
es el único organismo calificado y llamado por ley para investigar de manera
transparente.
Valenzuela
convocó a una manifestación de pacificación para sostener el estado de derecho
y democrático.
“Hay
que doblar la página negra que vivimos el miércoles y jueves”, sostuvo el
abogado y ex fiscal del Ministerio Público.
Inteligencia
de la Policía no pudo detectar el amotinamiento del 12
Ante
la versión de que el sistema interno de inteligencia de la Policía Nacional
falló en detectar el motín del GES, cuando el año 2000 ese sistema alertó al
ministro de Gobierno de entonces, Wálter Guiteras, jerarcas de la institución
señalaron que no hubo ocultamiento de información o mala voluntad para
transmitirla y así perjudicar la gestión del comandante general, Édgar Pardo,
sino que confluyeron varios factores de presión interna sobre la tropa.
El
primer motivo del conflicto, según explicaron fuentes policiales, lo dio el
propio gobierno al anunciar que con el “impuestazo” venía una austeridad en la
Policía Nacional, reducción de presupuesto y congelamiento salarial, cuando a
cambio de todos estos sacrificios el Poder Ejecutivo anunciaba que el nuevo
plan de seguridad ciudadana implicaría nuevas labores y tareas para los
policías sin aumentar sus ingresos.
Un
alto jefe policial que pidió el anonimato dijo que “ya no es esto como antes,
no podemos imponer verticalidad cuando los oficiales medios y tropa son
contestones y además con razón, porque nosotros podemos aguantar retrasos en el
sueldo, pero ellos (los policías de menor rango) no, sus condiciones salariales
son bajas”.
Añadió
que la gota que rebalsó el vaso fue que además de la posición rígida del
gobierno conocida esa semana, las autoridades del Ejecutivo incumplían el
compromiso de pagar salarios máximo hasta el 10 de cada mes, de esa forma el
11, un día antes del enfrentamiento con los militares, ya existía un grave
molestar en filas de los verde olivo.
“Por
eso la reacción de esa gente no era un tema que Inteligencia pudiera prever,
porque fue espontánea”, añadió la fuente.
Generales
niegan que hayan complotado contra Pardo
La
Prensa conversó con altos jefes policiales, a quienes les consultó por qué los
miembros del Alto Mando policial dejaron solo al general Édgar Pardo durante el
amotinamiento.
Un
general negó rotundamente que ello hubiera sucedido. Aseguró que todos los
jefes policiales participaron en la negociación, pero que, además, por
normatividad interna, corresponde al general Pardo encabezar estos procesos, lo
que no significa que el resto de comandantes no hubiera tenido conocimiento del
diálogo con el gobierno.
“Siempre
existió un contacto entre los jefes policiales con Pardo, desde el Comando
hacia los lugares donde se dirigía el Comandante General”, explicó esa fuente,
quien no quiso ingresar en mayores detalles porque la representación y voz
oficial de la Policía es su Comandante. Otro general se negó a dar una posición
sobre los recientes conflictos porque la intención es bajar los ánimos
caldeados en la relación con los militares.
Este
jefe policial explicó que no podía adelantar criterios sobre la eventualidad de
que existan policías que resulten culpables de ser francotiradores.
Un
tercer general consideró que existían las instancias permanentes para abordar
el problema del amotinamiento. Similar actitud evasiva mostró el resto de los
miembros del Comando Nacional. Negaron haber “complotado” contra el general
Pardo y haberlo dejado solo con el lío policial.
Se
supo que entre el miércoles 12 y jueves 13 algunos generales que secundan a
Pardo buscaban la “caída” del Comandante.
Al
respecto el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Harb, aclaró
que en ningún momento los jefes policiales estuvieron al margen de la
institucionalidad.
Ocurre que la actual normativa que penaliza el aborto esta teniendo consecuencias negativas y graves para el bienestar de la comunidad en general, y de las mujeres en particular. Es discriminatoria y profundiza las desigualdades sociales y jurídicas. Afecta en su mayoria a las mujeres pobres, que no tienen medios para practicarse un aborto en condiciones médicas adecuadas, frente a aquellas que si tienen recursos y que lo hacen con condiciones óptimas, escapando a las estadísticas. .
Es injusta desde todo punto de vista, pues castiga a las mujeres pobres por su corta edad o su poco nivel educativo, su desconocimiento y casi nulo acceso a métodos anticonceptivos, quienes son marginadas por cosas de las que no son ni remotamente responsables. Contribuye a la opresión de las mujeres y viola su principio de autonomía y dignidad, además de victimizarlas doblemente, pues muchas de ellas son violadas y encima pueden ser enviadas a la cárcel.Si toda ley tiene presunción de constitucionalidad en un Estado democrático de derechos, las normas que penalizan el aborto en desmedro de las mujeres son inconstitucionales; y quienes las interpretan tienen la obligación de declararlas como tal, constituyendose en verdaderos adalides de justicia, cuya objetividad y magnanimidad no sean influencias por agumentos contrarios al ejercicio de los derechos humanos.Llevar el debate a terrenos de corte conservador o fundamentalista, ya sea religioso o de otra índole, contradice el espíritu del modelo de Estado actual establecido en el artículo 4 de la CPE, por el cual se define al Estado como laico, recordando que el laicismo es sinónimo de democracia, de igualdad, de respeto, de tolerancia. Es el ámbito ideal de materialización de los derechos humanos de las personas y debemos aprender a convivir en ese marco político, filosófico e ideológico.Lo contrario será salir por el "lado fácil", pero violando los principios constitucionales que rigen los destinos de nuestro Estado y pisoteando los derechos de la mujer.
