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| Querían romper la seguridad par entrar a la plaza Murillo |
La convención no
solamente involucra la directa responsabilidad del Estado en la protección de
los discapacitados. La prensa, la empresa privada, las organizaciones no
gubernamentales, los gobiernos departamentales y municipales y los ciudadanos
en general tenían que haber aportado con su granito de arena. Lamentablemente,
esto no ocurrió.
El
Estado boliviano firmó en 2003 –después de cuatro años- la “Convención
Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra
las personas con discapacidad”.
La
convención definió el término de discapacidad “como deficiencia física, mental
o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la
capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que
puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.
Los
estados firmantes de la convención reafirmaron que “las personas con
discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que
otras personas”.
Transcurrido
cerca de doce años del compromiso del Estado boliviano, con el gobierno de Evo
Morales los discapacitados organizados aparecen de manera pública en dos
acontecimientos que llaman la atención:
“Golpe cívico”
El
primero, organizados bajo la batuta del hoy diputado opositor Jaime Estívariz, participaron
activamente durante las tomas de las oficinas estatales en la ciudad de Santa
Cruz en el 2008 (“golpe cívico”), cuando los acontecimientos políticos se
manifestaron de manera violenta y con notorios signos de racismo, federalismo a
ultranza.
Los
discapacitados fueron utilizados como escudos humanos para atacar a la policía
antimotines.
Penosa marcha
El
segundo, es la larga y penosa caminata de cien días (desde el 15 de noviembre) de
los discapacitados organizados también liderados por Estívariz, en demanda del
pago anual de un bono superior a los 4.000 bolivianos, con recursos
provenientes del aporte que el Estado destinaba a las campañas de los partidos
políticos.
Las
autoridades del gobierno de Evo Morales ofrecieron un bono de 1.000 bolivianos
–que comenzó a ser pagado- y una Ley para los discapacitados.
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| Ataque de los discapacitados a la Policía en La Paz |
La
llegada de los discapacitados a las proximidades de la plaza Murillo, el centro
del poder político boliviano, fue violenta y controlada por la policía. Hasta el
martes 28 permanecían en “vigilia” y con escenas dramáticas difundidas de
manera persistente por los medios de comunicación. Para el miércoles, la
Asamblea Legislativa Plurinacional, en sus dos cámaras, sancionó la Ley General
y Trato Preferente.
Los
discapacitados de Estívariz no están de acuerdo con la Ley y anunciaron marchas
hacia territorio peruano y ecuatoriano. Entre tanto, las ventanillas del banco
estatal continuabna pagando Bs. 1.000 a discapacitados que se acogieron al beneficio
de aquel bono.
El
Órgano Ejecutivo promulgará la Ley. De este modo habrá concluido un conflicto
social generado, según las autoridades gubernamentales, por motivos políticos
encubierto en un manto de humanitarismo. Asimismo, el Estado Plurinacional
boliviano habrá cumplido con una parte importante de la “Convención
Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra
las personas con discapacidad”.
Camino por recorrer
Bolivia,
como Estado parte de la convención, se había comprometido a “adoptar las
medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra
índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con
discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad”.
Sin
descartar otras, debía asumir las siguientes medidas:
a)
Medidas
para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por
parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación
o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades,
tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la
recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios
policiales, y las actividades políticas y de administración;
b)
Medidas
para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen
en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el
acceso para las personas con discapacidad;
c) Medidas
para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de
transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el
acceso y uso para las personas con discapacidad; y
d) Medidas
para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente Convención y
la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo.
2.
Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:
a)
La
prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;
b) La
detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación,
formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un
nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con
discapacidad; y
c)
La
sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas
a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el
derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y
la convivencia con las personas con discapacidad.
La
convención no solamente involucra la directa responsabilidad del Estado en la
protección de los discapacitados. La prensa, la empresa privada, las
organizaciones no gubernamentales, los gobiernos departamentales y municipales y
los ciudadanos en general tenían que haber aportado con su granito de arena.
Lamentablemente, esto no ocurrió.
(Fuente:
Corte Interamericana de Derechos Humanos)
(Fotos: ABI)
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