S. Ramírez: nuevo juicio o anulación de la sentencia

La condena de Santos Ramírez a 12 años de prisión terminó de despejar las conjeturas políticas que se tejieron a cerca de una posible manipulación de la justicia boliviana para dejarlo impune o, cuando menos,  atenuar los siete delitos por los que fue procesado desde el 2009.
La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz fue aplicada con todo rigor a la conducta ilegal de uno de los hombres que gozó de la confianza política del presidente Evo Morales Ayma; fue presidente del Senado Nacional, dirigente del estado mayor del MAS y presidente de YPFB.
Un asalto con muerte inició la desgracia de Santos Ramírez, en enero de 2009; y Morales Ayma ponía en vigencia la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, en marzo de ese mismo año, con la finalidad de prevenir, acabar con la impunidad en hechos de corrupción y efectiva lucha contra la corrupción, recuperación y protección del patrimonio del Estado.
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, integrada por dos jueces técnicos y tres ciudadanos, sentenciaron en juicio oral tras valorar las pruebas y analizar los delitos cometidos, ocho en total: contratos lesivos al Estado (sancionado con 10 años de prisión), conducta anti-económica (8), incumplimiento de contrato (8), uso indebido de influencias (8), incumplimiento de deberes (4), cohecho pasivo (8), cohecho activo (8) y asociación delictuosa (2).
La sentencia dada a Santos Ramírez y al resto de los involucrados (su esposa y cuñado, entre ellos) tuvo más relación con delitos "contra la economía nacional", "abuso de autoridad", "delitos contra la tranquilidad pública" y "delitos cometidos por funcionarios públicos". Nada por los delitos contra la vida por el muerto en enero.
Como es natural que un condenado se defienda hasta donde las leyes le permitan, Santos Ramírez anunció que apelará la sentencia de 12 años. Puede, mediante un recurso de revisión, buscar la anulación de la sentencia o un nuevo juicio, pero para ello tendría que demostrar que las pruebas en contra suya eran falsas o presentar nuevas pruebas que demuestren su inocencia o que lo jueces cometieron prevaricato en su caso.
Además, deberá enfrentar un otro proceso para la reparación de los daños civiles ocasionados al Estado por su conducta ilícita.
El caso Santos Ramírez, con la sentencia, ya es una demostración que es posible el fin de la impunidad en el Estado Plurinacional.

 (Foto:ABI)