El secreto militar y el acceso a la información pública

Carlos Soria Galvarro, conocido periodista boliviano y experto en temas relacionados con las guerrillas del Che Guevara, en su artículo “No tiene sentido guardar secretos que ya no lo son”, escribió: “Definitivamente, resulta extravagante, por no decir insulsa o ridícula, la determinación de seguir manteniendo en reserva dichos materiales (de la guerrilla)”.

El Archivo Histórico de las Fuerzas Armadas guarda celosamente –a la vista de los civiles- documentos producidos durante las guerrillas de 1967. Nadie más que determinados militares accedieron a esos archivos y los explotaron por interés propio, como deja entrever Soria Galvarro:

“Hasta donde puede saberse, sólo el general Gary Prado Salmón y los coroneles Diego Martínez Estévez y Simón Orellana, éste último por varios años director del Archivo, gozaron del privilegio de utilizar ampliamente la información que contiene. El primero para su conocido libro La guerrilla inmolada (1987) y el segundo para Ñancahuazú: apuntes para la historia militar de Bolivia (1989) y Orellana para su reciente tesis de licenciatura en Historia de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA, 2009)” y remata “secretos que ya no lo son”.

La revelación o acceso de aquellos archivos, después de 46 años del movimiento armado guevarista, nada afectara la seguridad nacional frente a cuba, país con el que el actual gobierno –y sus respectivos militares- mantiene un excelente nivel de relaciones y cooperación recíprocas.

Al fin la preocupación de Carlos Soria podría quedar disuelta -quién sabe en poco tiempo- con la  vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy en formato de anteproyecto para su respectivo debate en el Órgano Ejecutivo y, más tarde, en la Asamblea Legislativa.

El anteproyecto, impulsado por el Ministerio de Transparencia, se plantea como objeto el “garantizar  a todos los ciudadanos el ejercicio pleno de acceso a la información pública que se encuentre bajo custodia, administración o tenencia del Estado” y  dar “máxima publicidad” a dicho material informativo.

Secreto, reservado y confidencial

Sin embargo, la propuesta normativa cuenta con excepciones en la clasificación del tipo de información: secreta, reservada o confidencial; y describe su concepto:

“Se considera información secreta aquella relativa a la seguridad interna o externa del Estado, cuya divulgación o difusión pueda poner  en  riesgo al  Estado Plurinacional.  La  información  secreta  se clasificará mediante Leyes que serán promovidas por las entidades que así lo requieran. Estas leyes  contendrán un listado específico de la información que considere que debe ser secreta”.

“Se considerará información reservada: a) a aquella  cuya   calidad  de  reservada   se halle establecida  mediante   leyes  o decretos supremos aprobados en materias distintas a seguridad del Estado; b) aquella   información   que   se   clasifique   como   reservada  mediante   el   procedimiento   de clasificación establecido en la presente ley, solamente cuando se trate de seguridad del Estado, interna o externa”.

“Se considera información confidencial aquella: a) Referida a la salud, intimidad o privacidad de las personas; b) Protegida por el secreto profesional, conforme a Ley; c) Cuya divulgación o difusión puede poner en peligro la vida, la integridad y la  seguridad de las  personas; d) Referida a niños, niñas y adolescentes,  cuya  divulgación o difusión ponga en riesgo su salud, honor, integridad y  seguridad. 

Plazos de la restricción

El anteproyecto establece plazos para levantar el secreto, reserva o confidencialidad de la información pública: 20 años para cuando se trate sobre seguridad externa y 10 para seguridad interna; la reservada y confidencialidad concluyen por orden judicial.

Para el caso de violaciones de derechos humanos, “No podrá  invocarse el  carácter  de  información clasificada cuando se  trate de  la  investigación de violaciones graves de derechos  fundamentales o delitos de  lesa humanidad.  Esta  información será accesible sin mayores requisitos (…)”.

Fin del secretismo injustificado.

Si acaso se sancionara en la Asamblea Legislativa y promulgara por el Ejecutivo, la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública descubrirá el velo del secreto militar sobre acciones que determinaron el curso de la historia política de Bolivia, más con las dos siguientes normas propuestas:

“I. La   información   sobre   seguridad   del   Estado,   sea   esta   interna   o   externa,   que   hubiera   sido clasificada con anterioridad a la promulgación de esta Ley, será accesible, siempre y cuando hayan transcurrido los plazos y procedimientos establecidos en esta Ley (n.d.r. para el caso de las guerrillas del Che transcurrieron 46 años)”.

II.  La  información que posean  todas  las  instancias del  Estado,   relacionadas con  la desaparición forzada, muerte, violencia política y violación de los derechos humanos en épocas pasadas, son de dominio público a partir de la vigencia de esta Ley”.

Periodistas, investigadores, historiadores, sociólogos y políticos, entre otros, estarán esperando el nacimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. .

Nfm/2013

 

La Puta

Desde la acera de enfrente María Galindo

Si hay una mujer recurrentemente retratada por la sociedad patriarcal es la puta.

La Iglesia quiere mostrarnos a una puta que hay que condenar porque disfruta del sexo con los que la compran y la venden.

Los artistas la presentan como la prolongación de su virilidad creadora, la muestran tendida con las piernas abiertas para libre disponibilidad de todos los prostituyentes del mundo.

En la literatura, la puta apenas alcanza a gemir de gusto debajo de cuerpos nauseabundos.

Víctima y villana, tiene en el mundo machista cara de pecadora, senos grandes y piernas siempre abiertas. En la televisión y en los periódicos se la muestra muerta, tendida y sangrando en la calle sin que nadie la ayude, o vestida con apenas hilachas, cínica y portadora de crimen, enfermedad y vicio.

La puta es una mujer que tiene ojos vivaces y una capacidad de detectar el peligro y la mentira. No mira el mundo, sino lo escruta con los ojos, por eso la mirada de la puta es fuerte y contundente.

No le pasa lo mismo con la boca de donde sale una sonrisa quebrada por la tristeza, una mueca de asco, de dolor, de disconformidad. Ella tiene una sonrisa rota. No habla sino calla. Ella no confiesa, no revela, no delata y prefiere no hablar.

Para ella, amor y odio son una misma palabra; vida y muerte también. Noche y día son una misma palabra; hambre y deudas también, por lo que la puta no sólo habla poco, sino que ha ido perdiendo el significado de las palabras. El diccionario de la puta es otro, nada significa lo mismo para ella que para el resto de la humanidad.

Es puta porque no tiene otra cosa que hacer, porque lo fue desde el colegio, porque se lo ofrecieron en la puerta del instituto, en el primer trabajo, en el minibús y donde buscó algo que hacer para sobrevivir. Lo que se le ofreció es que sea puta. O puta del profesor o puta del jefe o puta del dueño de casa o puta del mundo, por eso la puta es puta casi porque es mujer, casi porque no hay trabajo, casi por casualidad, casi por destino trágico.

Por eso, en su condición de puta, no se esconde una novela sino una relación muy simple entre la necesidad y la posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, ella siente una insoportable vergüenza de ser puta. Se figura que es una situación transitoria hasta ahorrar el anticrético, pagar la deuda, terminar la carrera, lograr el monto que se necesita para la operación. Algo pasa que ese momento nunca llega, algo pasa que no hay donde trabajar, que nuevamente sus pasos la llevan al burdel. Cambia de ciudad pero no de sitio, cambia de barrio pero no de sitio.

La puta conoce el sabor del semen porque le toca tragarlo como veneno. El pene es un órgano más suyo que del prostituyente porque lo conoce al más mínimo detalle; su fragilidad, su flacidez, su verdadera dimensión de desesperada y frustrada masculinidad.

Ella mira a los hombres desde abajo y el que lleva las piernas abiertas es él y no ella. Por eso el prostituyente necesita humillarla para que jamás la puta se atreva a revelar por las calles aquello que en el burdel ha entendido sobre los hombres.

Conseguir que el prostituyente se sienta un macho potente le cuesta a la puta la vida, la dignidad, los sueños y la salud.

Es una mujer sentenciada a muerte, por eso está llena de vida, de ironía, de delicadeza, de ternura y de sueños. Para entender la fuerza de los deseos de la puta, la fuerza de la amistad de ella, habría que pensar en la fuerza del último deseo de un condenado a muerte.
(Tomado de Página Siete 17-4-13) María Galindo es miembro de Mujeres Creando.

Miércoles 12 de febrero de 2003: El día en que militares y policías se mataron frente al Palacio de Gobierno

Periodismo con Memoria

Se dijo que querían eliminar a Gonzalo Sánchez de Lozada

Carlos Sánchez Berzaín y Gonzalo Sánchez de Lozada 

 

 

(La Razón)

Nicolás Fernández Motiño

(La Prensa, febrero 24 de 2003).- El fiscal general de la República, Óscar Crespo, descabezó al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) luego de que esta organización judicial verificara que policías antiterroristas del Grupo de Acción Inmediata (GAI) dispararon al Palacio de Gobierno durante el enfrentamiento armado con militares en la plaza Murillo, el miércoles 12 de febrero.

Los GAI, que responden a un comando exclusivo financiado por la Embajada de Estados Unidos en La Paz, al parecer se sumaron a los policías amotinados que resistían a los soldados y dispararon con sus fusiles de precisión desde uno de los pisos del edificio del Instituto de Reforma Agraria, ubicado en la calle Indaburo y Junín, y muy probablemente desde el Hotel París.

La trayectoria de los proyectiles, según los investigadores forenses, recorrió desde estos edificios con dirección a los ventanales de las oficinas del Palacio de Gobierno.

El gobierno, tras los sucesos del miércoles 12, había denunciado que francotiradores que no son del Ejército ni de la Policía intentaron eliminar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Sin embargo, la revuelta policial que desencadenó una protesta masiva de la población tuvo su origen en el impuesto al salario del 12,5 por ciento —el “impuestazo”— que pretendían aplicar las autoridades.

Soldado herido (La Razón)

Los investigadores del IDIF, dirigidos por Jorge Núñez del Arco, encontraron, entre el viernes y domingo, evidencias de la actuación del GAI, pero no pudieron establecer bajo qué órdenes operaron, ya que esta unidad sólo responde al Presidente de la República, el Ministro de Gobierno, el Comandante General de la Policía y el Jefe de Inteligencia de la Policía.

La responsable de los fiscales asignados al caso, Gilka Hinojosa, y de los policías, el mayor Carlos Coritza, dirigieron las indagaciones y se hicieron de pruebas que confirman que policías de élite, todos del GAI, abrieron fuego contra los ventanales del Palacio de Gobierno en instantes en que el presidente Sánchez de Lozada permanecía aún en ese lugar bajo el resguardo de la guardia presidencial.

Lo curioso del caso es que el Fiscal General de la República ordenó el repliegue a Sucre del director del IDIF, Jorge Núñez del Arco, justo cuando encontraron pruebas, lo que dejó sin dirección a los investigadores y peritos forenses.

Paralelamente a las indagaciones del IDIF, las Fuerzas Armadas actuaron en el mismo camino con el propósito de identificar a los policías que dispararon como francotiradores desde el Hotel París, que queda frente al Palacio Quemado, y desde el ex edificio de la radio Nueva América.

Policía herido (La Razón)

Fuentes policiales y militares confirmaron a La Prensa que ambas instituciones movilizaron a sus fuerzas reservadas para operaciones secretas: el GAI de la Policía Nacional y el GRIE (Grupo de Reacción Inmediata del Ejército). Se desconoce si ambas unidades chocaron el miércoles 12 de febrero. Lo evidente es que el GAI disparó contra el Palacio, donde murieron un soldado y un oficial del Ejército.

La Policía contó con 10 muertos y una veintena de heridos. El Ejército cuatro muertos y 50 heridos, todos de bala.

La Prensa conoció que el dueño del edificio donde funcionaba radio Nueva América, Martín Salmón, denunció que el miércoles 12 unos 20 policías armados ingresaron por la fuerza a los pisos nueve y 10, y desde allí dispararon contra el frontis del Palacio. Desde una de las cúpulas de la Catedral, los militares respondieron a los tiros.

Durante el trajín de la balacera, un oficial dejó una gorra policial que llevaba el apellido Saavedra. Y en el edificio del INRA los GAI dejaron algunas municiones servidas que fueron recuperadas por los forenses.

Otro grupo de seis policías, armados con fusiles, actuó desde la habitación 207 del segundo piso del Hotel París.

Una semana tarde

Los investigadores del IDIF ingresaron al Palacio una semana después de los hechos sangrientos porque, según fuentes policiales, el entonces ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín, ordenó que se evite las pesquisas pese a que el gobierno denunció un intento de asesinato al Presidente.

El enfrentamiento armado entre policías y militares se produjo el 12 de febrero. Pero al día siguiente los francotiradores militares continuaron con la balacera, que dejó muertos y heridos civiles.

Lo que llama la atención es cómo el GAI, siendo una unidad de policías de élite y bajo comando exclusivo, llegó a la plaza Murillo para “combatir” a los militares atrincherados en el Palacio de Gobierno y las calles aledañas.

Se conoció extraoficialmente que la Embajada de Estados Unidos comunicó su malestar por el empleo del GAI en una situación que no respondía a los objetivos para los que fue creado ese comando, es decir, de acción inmediata en “operaciones quirúrgicas”.

Para los policías no es desconocida la existencia del GAI ni para los militares el GRIE.

Penalista pide la actuación del Ministerio Público

El abogado penalista Gonzalo Valenzuela demandó al Ministerio Público una investigación veraz y transparente de los sucesos del miércoles 12, cuando se enfrentaron policías y militares, y el jueves 13, cuando los militares dispararon y mataron a civiles, con el fin de imponer un estado de derecho y recuperar la imagen de país pacifista.

Valenzuela dijo que haciendo abstracción del origen del problema, durante dos días en Bolivia se puso en riesgo la existencia de un Estado democrático.

Sostuvo que todo ciudadano tiene el derecho constitucional a la petición, sin emplear la violencia, violar las normas jurídicas ni colocar a Bolivia en un sitio de país de riesgo.

“Lamentablemente —dijo Valenzuela— se produjeron hechos que ingresaron a la conducta antijurídica sancionados por el Código Penal”.

Los hechos del miércoles 12 y jueves 13, que dejaron el saldo de 33 muertos y 205 heridos entre policías, militares y civiles, han sido tipificados como delitos de alzamiento armado contra el Estado, sedición, atribuirse el derecho del pueblo, conspiración, atentados contra el Presidente de la República y otros dignatarios de Estado, omisión de deberes, entre otros.

El penalista reclamó que es importante recuperar el principio de autoridad y sancionar con justicia a los responsables de los sucesos sangrientos.

Manifestó que el Ministerio Público, mediante el Instituto de Investigaciones Forenses, es el único organismo calificado y llamado por ley para investigar de manera transparente.

Valenzuela convocó a una manifestación de pacificación para sostener el estado de derecho y democrático.

“Hay que doblar la página negra que vivimos el miércoles y jueves”, sostuvo el abogado y ex fiscal del Ministerio Público.

Inteligencia de la Policía no pudo detectar el amotinamiento del 12

Ante la versión de que el sistema interno de inteligencia de la Policía Nacional falló en detectar el motín del GES, cuando el año 2000 ese sistema alertó al ministro de Gobierno de entonces, Wálter Guiteras, jerarcas de la institución señalaron que no hubo ocultamiento de información o mala voluntad para transmitirla y así perjudicar la gestión del comandante general, Édgar Pardo, sino que confluyeron varios factores de presión interna sobre la tropa.

El primer motivo del conflicto, según explicaron fuentes policiales, lo dio el propio gobierno al anunciar que con el “impuestazo” venía una austeridad en la Policía Nacional, reducción de presupuesto y congelamiento salarial, cuando a cambio de todos estos sacrificios el Poder Ejecutivo anunciaba que el nuevo plan de seguridad ciudadana implicaría nuevas labores y tareas para los policías sin aumentar sus ingresos.

Un alto jefe policial que pidió el anonimato dijo que “ya no es esto como antes, no podemos imponer verticalidad cuando los oficiales medios y tropa son contestones y además con razón, porque nosotros podemos aguantar retrasos en el sueldo, pero ellos (los policías de menor rango) no, sus condiciones salariales son bajas”.

Añadió que la gota que rebalsó el vaso fue que además de la posición rígida del gobierno conocida esa semana, las autoridades del Ejecutivo incumplían el compromiso de pagar salarios máximo hasta el 10 de cada mes, de esa forma el 11, un día antes del enfrentamiento con los militares, ya existía un grave molestar en filas de los verde olivo.

“Por eso la reacción de esa gente no era un tema que Inteligencia pudiera prever, porque fue espontánea”, añadió la fuente.

Generales niegan que hayan complotado contra Pardo

La Prensa conversó con altos jefes policiales, a quienes les consultó por qué los miembros del Alto Mando policial dejaron solo al general Édgar Pardo durante el amotinamiento.

Un general negó rotundamente que ello hubiera sucedido. Aseguró que todos los jefes policiales participaron en la negociación, pero que, además, por normatividad interna, corresponde al general Pardo encabezar estos procesos, lo que no significa que el resto de comandantes no hubiera tenido conocimiento del diálogo con el gobierno.

“Siempre existió un contacto entre los jefes policiales con Pardo, desde el Comando hacia los lugares donde se dirigía el Comandante General”, explicó esa fuente, quien no quiso ingresar en mayores detalles porque la representación y voz oficial de la Policía es su Comandante. Otro general se negó a dar una posición sobre los recientes conflictos porque la intención es bajar los ánimos caldeados en la relación con los militares.

Este jefe policial explicó que no podía adelantar criterios sobre la eventualidad de que existan policías que resulten culpables de ser francotiradores.

Un tercer general consideró que existían las instancias permanentes para abordar el problema del amotinamiento. Similar actitud evasiva mostró el resto de los miembros del Comando Nacional. Negaron haber “complotado” contra el general Pardo y haberlo dejado solo con el lío policial.

Se supo que entre el miércoles 12 y jueves 13 algunos generales que secundan a Pardo buscaban la “caída” del Comandante.

Al respecto el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Harb, aclaró que en ningún momento los jefes policiales estuvieron al margen de la institucionalidad. 

Autopsia al mártir Luis Espinal

 

Los restos del sacerdote jesuita y periodista Luis Espinal (22 de marzo de 1980)

Lo conocido: fue secuestrado por paramilitares, conducido al matadero, colgado como animal, torturado y fusilado. Luís Espinal C. fue plagiado el 21 y muerto el 22 de marzo de 1980 por paramilitares enviados por Luís Arce Gómez. Ironías de Luises tan diferentes, el uno santo y revolucionario y el otro simplemente criminal, como su socio Luis García Meza.

Este asesinato fue el preludio del golpe de estado en Bolivia–en julio de 1980- organizado por bandas de narcotraficantes, como Roberto Suárez Gómez –primo de Luis Arce Gómez-, paramilitares entrenados por mercenarios alemanes como Klaus Altman B., el “carnicero de Lyon”, el jefe de ADN Hugo Banzer S., y activos militantes del viejo MNR y la fascista FSB, y los comandantes de las Fuerzas Armadas, lideradas por Luis García Meza, que contó con el asesoramiento de militares golpistas de Argentina.

La autopsia – crucifixión

Reconstruido el hecho criminal, sobre la base de la autopsia practicada por los médicos forenses Félix Romano y Rolando Costa Ardúz, el periodista habría muerto así:

“Herida profunda sobre la ceja derecha”. Uno de los paramilitares tuvo que haberlo golpeado con la culata del arma para reducirlo. Y, otro lo dejó “ambos labios fuertemente golpeados”, probablemente para que no pidiera auxilio.

En el matadero de Achachicala, fue atado de manos y colgado hasta provocarle “equimosis multiformes a nivel de ambas muñecas, preferentemente del lado derecho”. Y, enseguida golpe tras golpe, hasta dejarlo con “mancha roja que cubre todo el pecho” y “la fractura del hueso esternal”.

Uno de los paramilitares –furioso de no obtener nada de su víctima- tomó su automática, con “balas blindadas” de 9mm, y apretó el gatillo. La ráfaga de 18 proyectiles destruyó el “tórax y el perineo, pulmón derecho, costilla, intestino, estómago, riñón derecho, pie derecho, columna y glúteo izquierdo”.

Causa de la muerte: “Hemorragia aguda por múltiples lesiones esquelético – viscerales provocadas por paso de proyectil de armas de fuego” y “traumas  provocadas en vida”.

Han transcurrido 33 años del martirio de Luis Espinal y ninguno de los “luises” criminales, ni sus verdugos paramilitares, han pagado por este sacrilegio. En cambio, el pueblo movilizado, dio su propio veredicto: “Arce-sino”, “Arce-sino”, “Arce-sino”.

          Nicolás Fernández Motiño

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