Placer con dignidad / Teresa Lanza
¿Cómo debería abordarse el tema del aborto en nuestra sociedad? La complejidad que representa el debate de este asunto tendría que ir más alla de lo que encierra el tema de "ideas de valores, puesto que, por un lado, el aborto inseguro es un problema de salud pública que aún no ha sido resuelto ni reconocido en el país, y por otro, es una cuestión de justicia social que amerita urgente atención si se busca coherencia con los mandatos de nuestra Constitución Política del Estado (CPE), que establece el derecho irrestricto, inalienable, irrenunciable e imprescriptible de las personas a la vida, la libertad, la salud y otros derechos conexos.
Se debe buscar una normativa que de soluciones a las mujeres que se encuentran ante un embarazo no deseado, no planificado, inoportuno e impuesto, evitando que se recurra a la clandestinidad de un aborto por todo lo que ello conlleva.
Una ley se vuelve ineficaz si tiene más consecuencias negativas que positivas, es una ley insulsa que no cumple el objetivo para el cual fue creada, peor aún si ésta pone en riesgo la vida de una gran parte de la población como son las niñas, adolescentes y adultas en edad de reproductiva.
Ocurre que la actual normativa que penaliza el aborto esta teniendo consecuencias negativas y graves para el bienestar de la comunidad en general, y de las mujeres en particular. Es discriminatoria y profundiza las desigualdades sociales y jurídicas. Afecta en su mayoria a las mujeres pobres, que no tienen medios para practicarse un aborto en condiciones médicas adecuadas, frente a aquellas que si tienen recursos y que lo hacen con condiciones óptimas, escapando a las estadísticas. .
Es injusta desde todo punto de vista, pues castiga a las mujeres pobres por su corta edad o su poco nivel educativo, su desconocimiento y casi nulo acceso a métodos anticonceptivos, quienes son marginadas por cosas de las que no son ni remotamente responsables. Contribuye a la opresión de las mujeres y viola su principio de autonomía y dignidad, además de victimizarlas doblemente, pues muchas de ellas son violadas y encima pueden ser enviadas a la cárcel.
Si toda ley tiene presunción de constitucionalidad en un Estado democrático de derechos, las normas que penalizan el aborto en desmedro de las mujeres son inconstitucionales; y quienes las interpretan tienen la obligación de declararlas como tal, constituyendose en verdaderos adalides de justicia, cuya objetividad y magnanimidad no sean influencias por agumentos contrarios al ejercicio de los derechos humanos.
Llevar el debate a terrenos de corte conservador o fundamentalista, ya sea religioso o de otra índole, contradice el espíritu del modelo de Estado actual establecido en el artículo 4 de la CPE, por el cual se define al Estado como laico, recordando que el laicismo es sinónimo de democracia, de igualdad, de respeto, de tolerancia. Es el ámbito ideal de materialización de los derechos humanos de las personas y debemos aprender a convivir en ese marco político, filosófico e ideológico.
Lo contrario será salir por el "lado fácil", pero violando los principios constitucionales que rigen los destinos de nuestro Estado y pisoteando los derechos de la mujer.
