viernes, 15 de mayo de 2015

PERIODISMO Y CIENCIAS SOCIALES


Por BORIS MIRANDA
Publicado en la Agencia de Noticias Fides (Bolivia)
 
Bolivia es un país con excelentes investigadores sociales, con solidez teórica y propuestas que nunca dejan de ser creativas. No somos un polo de referencia del conocimiento latinoamericano, sin embargo las distinciones y logros académicos alcanzados por nuestros cientistas sacan muy bien la cara por el país.

El periodismo no se queda muy atrás. A pesar de los variopintos hostigamientos y antipatías producto de nuestros innumerables pecados y sobresalientes valentías, generaciones de periodistas supieron tomar el pulso y leer los horizontes de época en momentos políticos harto complejos en el país. Pienso en la Revolución Nacional, las dictaduras militares y también, aunque ahora se polemice mucho al respecto, en el proceso de cambio. Tampoco fueron pocas excepciones los periodistas bolivianos que rayaron muy alto en el complejo mediático mundial.

El periodismo es menospreciado por ser un oficio profano. Por su misión informativa invade universos reclamados como objeto de estudio de ciencias como la economía o el derecho. La vocación pluralista y universalista del periodista (escribimos de muchos temas y para públicos amplios) lo condena a la simplificación de asuntos complejos.  Y es esa suerte de desgracia virtuosa la que lo rezaga y devalúa ante el resto del campo de producción de conocimiento.

Hagamos una distinción. La primera misión del periodismo es la de informar, aunque también se asumen como horizontes el educar, registrar y entretener. Y, claro, armas relativamente más nuevas lo aproximan a la posibilidad de interpretar y explicar. Siempre como producto de un ejercicio periodístico y no como un saber científico acabado.

La sociología, las ciencias políticas, la historia o la misma comunicación tienen objetos de estudio tal vez más ambiciosos y métodos más especializados y de largo aliento. Y en esas características encontramos los motivos por los que estas áreas de las ciencias sociales obtienen mayor reconocimiento en diversos campos de la sociedad; a pesar de que la jerarquización de las formas de conocimiento también se puede entender como una forma de colonialismo.

En defensa del periodismo alegaré que también es un universo de habilidades bien trabajadas y métodos que se renuevan y verifican de manera constante. “El periodista es un especialista de la mirada”, dijo una vez el colega argentino Carlos Ulanovsky y con ello dio la talla del desafío cotidiano de un reportero. Sea un partido en el mundial de fútbol o un desastre natural, el reto es tener los ojos bien abiertos para encontrar la historia que otros miles de millones no ven. Salir del resultado del partido o de la cifra de muertos y heridos para aproximar al lector a las acciones y sensaciones que no tienen parámetros cuantificables.

Y si conseguiste una historia que merece ser contada, el siguiente desafío es redactarla para que también sea digna de ser leída. Tampoco es tan fácil como muchos piensan. Articular oraciones con ritmo y bien estructuradas, aprovechar los elementos que te da la realidad para recrear escenarios o manejar los tiempos de una narración son desafíos que están por encima de los aspectos metodológicos. Pertenecen al universo de las artes más trabajadas. Marx tenía una redacción compleja y con muchas ideas y categorías concatenadas, pero preservaba la forma y nunca descartaba la ironía. A su modo, el alemán cuidaba lo que después el periodista García Márquez reveló como su método de escritura/lectura: “Calculo dónde se va a aburrir el lector y procuro evitar que se aburra”. Sin la atención del lector, sea cual sea nuestro oficio o profesión, no somos nada.

Una vez, una socióloga que critica más de lo que produce me cuestionó una crónica por la ausencia de elementos en un relato sobre mujeres y la historia reciente de Bolivia. Para lo que me pedía habría necesitado todo el periódico, cuando en realidad sólo tenía un par de páginas de espacio para desarrollar el tema. La síntesis es una de las grandes habilidades del periodista, valor que a veces pasa insospechado en otras disciplinas. A diario, un reportero tiene menos de 6.000 caracteres (con espacios) para cerrar un tema con elementos de contexto, citas textuales, datos, cifras, contrapartes y reacciones. Una nota está “redonda” cuando se puede leer y comprender en cualquier lugar y en cualquier tiempo. A eso se aspira y no es nada fácil. Mucho menos si el jefe te avisa que entró publicidad y te quedaste con la mitad del espacio cuando ya terminaste tu texto. Todavía me pregunto si esa socióloga habría logrado incluir todo lo que me reclamaba en menos de 20 páginas.

El trabajo de campo también es una etapa en la que se advierte la diversidad de habilidades entre un periodista y un investigador social de otras disciplinas. El segundo llega armado de una estrategia metodológica y un arsenal de técnicas diseñadas con anterioridad, con tiempos de observación anchos y una hipótesis como punto de partida de la investigación.  El reportero tiene deadlines más ajustados, tal vez  mayor dispersión en cuanto al abordaje de la problemática, menos estrategia y más instinto. Mucho oficio y libreta, pero menos delimitación y plan.

Sin embargo, la mayoría de las veces el periodista es más versátil ante escenarios imprevistos y su olfato está mejor trabajado. En “cancha” los reporteros sufren menos. Su vista -su especialidad- se enfoca más rápido y por eso caminan más seguros. Claro que se van a equivocar muchas veces, pero prejuicios y descriterios se dan en todas las disciplinas y ciencias.

En estos años he visto a politólogos desperdiciar semanas de trabajo de campo en la etapa de establecer contactos, mientras el periodista conoce de memoria los mecanismos y estrategias para acceder a autoridades,  dirigentes sindicales y policías o militares. El cronista, además, tiene la sensibilidad y la paciencia para quedarse hasta el final y comenzar a tocar puertas y ganar confianzas cuando ya no quedan cámaras ni grabadoras, como recomiendan los maestros de la palabra.

Un buen reportero no fuerza las respuestas, sabe cómo aproximarse y uno de sus mayores talentos es identificarse con su eventual interlocutor, sentir sus palabras y compartir sus cotidianidades. No lo ve como una entrevista más que incorporar en los anexos del paper académico, ni como una serie de valores a ser tabulados. Toda persona tiene una historia excepcional para descubrir.

Un detalle más: la inmensa mayoría de los cientistas sociales no podrá soñar jamás con tener el poder de la libreta de teléfonos de un periodista.

“Hoy en día hay un sistema súper especializado, por eso la narración a los cientistas sociales nos parece un mundo ajeno”, explicó el sociólogo argentino Ariel Wilkis después de presentar el libro “Las sospechas del dinero”, donde combina conceptos y teorías de análisis sociológico y económico con el periodismo narrativo. En una entrevista con el blog de Anfibia añade que “en la sociología conviven múltiples formas de trabajo: producir material dentro del estilo narrativo es una de ellas”. Sospecho que su lectura también se aplica a la inversa. Aquellos que estamos más cerca del oficio de la narración y la información no tenemos motivo alguno para renunciar a la explicación y a compartir nuestro entendimiento de las cosas a partir de técnicas, conceptos, teorías y herramientas metodológicas.

Para cerrar sólo me queda pedir que esta defensa de mi oficio no se entienda como un agravio a los demás. El periodismo es tal vez una de las profesiones más denostadas y, a la vez, sacrificadas y desprendidas que hay. Quise aprovechar la semana en la que celebramos nuestro día para hacer esta suerte de reivindicación de él. Conscientes de nuestras limitaciones y negligencias como gremio, muchos colegas han escrito sus nombres con letras capitales en la historia de la producción de conocimiento de este país. Al final de cuentas, para todos, el teclado es el mismo. 

lunes, 2 de febrero de 2015

El periodismo en la revolución judicial

Los males de la justicia penal boliviana no son atribuibles a la prensa, pero sí que el público esté suficientemente informado, para formarse una opinión certera sobre el estado de salud de la justicia.
La Razón (Edición Impresa) / nicolás fernández motiño01 de febrero de 2015
Evo Morales anunció el advenimiento de la revolución judicial. Los periodistas deberían prepararse para esta gran cobertura porque la justicia, hasta aquí, parece no haber merecido tratamiento periodístico de profundidad en los medios de comunicación.
Desde que se habló de las nauseabundas emanaciones del cuerpo judicial —naturalmente con excepción de aquellas gotas cristalinas—, las reacciones enérgicas recomiendan una urgente intervención quirúrgica integral de salvamento, no cirugía estética; mejor si ésta se realiza en hospital y con médicos, medicinas e instrumental bolivianos.
Ya no se trata de un asunto exclusivo de jueces, fiscales, policías y abogados. Las universidades públicas y privadas forman profesionales del derecho y la seguridad, el poder estatal los absorbe para la administración de la justicia, la sociedad civil organizada, o individualmente, acude a los servicios legales para la resolución de sus conflictos, y la prensa ha hecho con todos ellos noticias para formar opinión pública.  
TRANSFORMACIÓN. En ese círculo resulta extemporáneo a qué, quién o quiénes atribuir el origen de los males de la judicatura en general —justicia penal, civil, comercial, familiar, laboral—. No hay opinión ni voz disonante a la exigencia de la transformación total del sistema y de la cultura judicial. Revolución judicial ¡ya! se pide. Iniciativas y aportes para el cambio comienzan de a poco a ganar opinión (Eduardo Rodríguez, Carlos Romero, Carlos Alarcón, Idón Chivi, entre otros).
La prensa tiene su cuota parte en este gran problema. El principio de publicidad de los actos judiciales permitió y permite a los periodistas cumplir con su rol informador, para otros también fiscalizador y contralor social, pero no fue suficiente ni profunda.
Veamos. Los asuntos penales son los de mayor interés en desmedro de los civiles, comerciales, familiares, laborales o mercantiles. El público conoce mejor de  la actuación de policías, jueces, fiscales y abogados penalistas que de los asuntos civiles privados. Es conocido lo que se dice de la justicia penal, pero no de la civil porque ésta pertenece a la esfera privada; sin embargo, sin entrar en causas específicas, a la sociedad le gustaría conocer cómo es su modo de administrar justicia, sobre todo en casos recurrentes y altamente conflictivos como son los eternos, y a veces violentos, litigios por herencias, remates bancarios, despojo de propiedades o la protección de derechos laborales.
La dedicación periodística principal es el delito y el proceso penal. Los hechos criminales y su desenlace llaman poderosamente la atención y curiosidad de la gente, con mayor intensidad si se trata de personajes de la vida pública. “La actitud del público respecto de los protagonistas del drama penal es la misma que tenía en un tiempo la multitud frente a los gladiadores que combatían en el circo”. (Francesco Carnelutti, Las miserias del Proceso Penal, 2007).
El periodismo y la justicia generaron una relación no muy conocida por el público y fue menos estudiada. Policías, fiscales y jueces suelen quejarse de la presión que ejercen los medios de comunicación para conocer resultados inmediatos sin respetar los plazos procesales, creen que los periodistas quieren ver autores no sospechosos, esperan sentencias condenatorias de las más duras posibles, instauran juicios paralelos o juicios mediáticos y dictan penas anticipadas sin esperar el debido proceso. Ah, y los periodistas sospechan que los operadores de la justicia actúan alejados del interés público.
“La justicia penal es la más mediática” (Eduardo Rodríguez Veltzé, Porque una transformación es urgente 10 ideas para cambiar la justicia en Bolivia, El desacuerdo, noviembre 2014). “La condena anticipada por los medios (por ejemplo una campaña de prensa dirigida a la condenación), como tal, no es apropiada para tornar sospechosos de parcialidad a los jueces (Claus Roxin, Derecho procesal penal, 2010)”. “Entre las muchas fallas a la ética están la distorsión de los hechos que a veces conlleva calumnia y difamación, la invasión de la privacidad y la tendencia a juzgar y a condenar a personas acusadas de delitos”. (Luis Ramiro Beltrán Salmón, El defensor del lector, La Prensa, 10 de mayo de 2010).
“La publicidad mediática única de estas décadas (que parte de las administraciones republicanas de los Estados Unidos) pretende hacer creer que a mayor represividad y arbitrariedad policial corresponde un mayor nivel de seguridad frente al delito”. (Eugenio Raúl Zaffaroni, Estructura básica del Derecho Penal, 2010)
INFORMACIÓN. Los males de la justicia penal boliviana no son atribuibles a la prensa, pero sí que el público esté suficientemente informado tanto como para formarse una opinión certera sobre el estado de salud de la diosa Temis (dama de la justicia, que en una mano tiene una balanza y en la otra, una espada) y de sus operadores: jueces, fiscales, policías y abogados; y del quehacer de las autoridades de los órganos del Estado Plurinacional.  Los periodistas durante la revolución judicial tendrían que tomar los instrumentos que les permiten la Constitución y sus propias normas profesionales, para contribuir a la sociedad en la construcción de la nueva justicia penal.
La CPE determina que la publicidad es inherente a los actos de la justicia porque emana de la potestad del pueblo boliviano; la Ley del Órgano Judicial precisa que el conocimiento de los actos y decisiones de los tribunales y jueces es un derecho de las personas, con las reservas que determina la ley; la Ley Orgánica del Ministerio Público obliga a la Fiscalía General a informar a la sociedad sobre sus actuaciones, al menos cada seis meses a través de los medios de comunicación social, sobre las actividades desempeñadas, dificultades y logros en el ejercicio de su misión; el Código de Procedimiento Penal (Art. 331) autoriza a los medios de comunicación a introducir equipos audiovisuales en las salas de juicio oral; y la Ley de Participación y Control Social permite mediante organizaciones sociales —los periodistas tienen sindicato, federación, confederación y asociaciones— o de manera individual, el acceso a la información y gestión públicas.
Asimismo, la comunicación garantiza a los periodistas la libertad de expresión (buscar, recibir y difundir información) y derechos a la comunicación e información para cumplir su trabajo con características de fe pública, como define el Estatuto Orgánico de los Periodistas.
No serviría de mucho el papel de la prensa si acaso no accede a información elemental y precisa, por ejemplo, sobre las capacidades de la policía en la investigación científica del crimen, la apertura de jueces y fiscales hacia la información de interés público, la sinceridad del Órgano Judicial y del Ministerio Público en la explicación sobre la magnitud de los males de la justicia penal (retardación, corrupción, exageradas detenciones preventivas, indolencia), y de parte de los colegios de abogados sobre la fiscalización de sus afiliados y las universidades de la calidad de la formación de profesionales del derecho. No serán las únicas fuentes de información judicial y policial, pero ya representarán un avance en el aporte de la construcción de la nueva justicia penal.

lunes, 12 de enero de 2015

Presunción de inocencia en Bolivia: académicos y especialistas advierten vulneración por parte de los medios y periodistas




Soy inocente pero los medios dicen lo contrario

Publicado por Luis Fernando Cantoral en Erbol, octubre 2013. No pierde actualidad frente a los hechos policiales y periodísticos de hoy en día. 


Casi como una pesadilla. Por primera vez en su vida, en 32 años, María se encontraba amanillada, sujetada por policías fuertemente pertrechados con cascos, pasamontañas y armas largas en una sala llena de periodistas, fotógrafos y camarógrafos.

Muy cerca de ella, autoridades policiales y de gobierno la presentaban como “la peligrosa delincuente”. Cuando dijeron que era la cabecilla de una red internacional de terroristas, con 15 atentados en su haber, su mundo anímico se desplomó. “Esta es mi muerte civil”, se dijo para si misma, pensando en su entorno social, en su trabajo y su familia.

Decenas de intermitentes flashes de fotógrafos y luces de camarógrafos buscaban el mejor plano y acercamiento para registrarla. Gritó su inocencia, soltó lágrimas de impotencia y de bronca, consideraba que aquello era un atropello y un abuso de autoridad.

Ningún funcionario le dijo que iba a ser expuesta ante los medios. Se consumaba un juicio anticipado ante la sociedad. La sentencia estaba hecha, no fue necesario llegar a las instancias judiciales.

El gobierno daba muestras de su eficiencia en la lucha contra el crimen, vulnerando el principio de presunción de inocencia y el debido proceso. “Se encontraron evidencias y pruebas fehacientes que demuestran que estas personas (ella y sus acompañantes) son los autores de estos hechos en diferentes zonas de la ciudad de La Paz”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Las notas periodísticas, esa misma noche, en la televisión, la radio, los portales digitales y los periódicos del día siguiente, replicaban a cabalidad, como única verdad, el parte policial leído por el Ministro de Gobierno. Meses después, María lamentaba: “Te presentan como a una delincuente y luego nadie sabe lo que pasa contigo, ni siquiera se interesan, te deshumanizan, ya no eres un padre o una madre, ya no eres nada”; señaló refiriéndose a los medios que reprodujeron la noticia.

Agregó: ”Los medios podrán decirle a la población que soy la presunta culpable, pero quién va a creer eso luego de los cargos que me pusieron, para mi es difícil, dudo que ahora alguien quiera darme trabajo”. Pasaron 15 meses de los hechos; seis de ellos María estuvo recluída en un penal de mujeres, luego obtuvo la detención domiciliaria sin custodia con la que ya lleva nueve meses. Después de la grave denuncia en su contra, la fiscalía.

Hasta el momento no ha podido demostrar su responsabilidad. Ahora se encuentra a merced de la cuestionada justicia boliviana y olvidada por los medios de comunicación, aquellos que un día le dieron mucha “fama”. Este es uno de los muchos casos que han ocurrido en el país, donde el Estado y los operadores de justicia vulneran el principio constitucional de presunción de inocencia y de cómo los medios y los periodistas legitiman y justifican esta vulneración.

Cuando las instituciones policiales y de gobierno, a través de los medios de comunicación, criminalizan a las personas imputadas por un delito, crean el llamado “juicio mediático” y violan el derecho de presunción de inocencia, que debe respetarse en tanto no se demuestre lo contrario por las vías legales y durante un juicio a cargo de un tribunal competente. Es conveniente que los periodistas y los medios de comunicación no olviden que su trabajo no es inofensivo, sino que siempre tiene consecuencias y estas pueden ser mucho más dramáticas cuando se trata de asuntos que tienen que ver con la policía y la justicia.


La falta de formación y el factor rating Defensores de los derechos humanos, académicos de la comunicación, autoridades de gobierno y juristas, consideran que la vulneración del principio de presunción de inocencia por parte de los medios de comunicación y los periodistas se da por la falta de formación académica y por la mercantilización de la noticia.

El presidente de Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, dijo que existe una vulneración “frecuente y abusiva” del principio de presunción de inocencia, por parte de los periodistas que cubren las fuentes judiciales y policiales, por el desconocimiento que tienen del área. “Este fenómeno que se observa con carácter repetitivo en los medios de comunicación viene, desde mi perspectiva, por el profundo desconocimiento del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, donde existen mecanismos legales que tienen como objetivo precisamente la protección de los ciudadanos”, manifestó Vargas.

La “sentencia mediática” es muy difícil de podérsela quitar después, añadió. La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, consideró que la vulneración a este derecho constitucional se debe a las “distorsiones del oficio”, producto en parte a la “ausencia de una capacitación permanente” y, por otra, a la “pauperización” en que se ha sumido la profesión por los bajos salarios. “Me parece que este oficio del periodismo se ha relajado mucho”, expresó.

Como muestra de ello dijo que “algunos medios de comunicación televisivos presentan como sospechosas y presuntamente culpables a personas, cuando no hay un indicio que pudiera llevar a afirmar tal cosa, y cuando después la policía comprueba que esta situación no había sido así”.

La presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, sostuvo que “algunos camarógrafos o periodistas, por tener una noticia primicial y cubrir mercados, hacen que la cobertura sea lo más rápida e inmediata posible, sin tomar en cuenta este tipo de aspectos”.

En algunos casos, principalmente los medios televisivos, refirió Herrera, “dicen que son presuntos delincuentes, sin embargo ya mostrándolos por televisión se vulnera el derecho a la imagen”.

Para el exsecretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), Remberto Cárdenas, en el país se vulnera este principio jurídico porque “se hace periodismo como salga” por la falta de formación ética en algunos colegas.

El representante de la plataforma de investigación jurídica Acción Andina, Theo Roncken, advirtió una “actitud acrítica” de parte de los medios de comunicación y los periodistas “frente a la información que proveen los operadores de justicia, y en particular la policía”. Más allá del conjunto de estándares de calidad que se exigen en la cobertura de delitos, entre los periodistas no hay un conocimiento de los códigos de ética, refirió Bernardo Poma, responsable metodológico operativo del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM). “Hay algunas recomendaciones periodísticas básicas que deberían cumplirse cotidianamente, pero lo que el Observatorio ha podido constatar es que las recomendaciones más básicas de la ecuanimidad, de la parte y contraparte, investigación, no se cumplen”, lamentó.

Sondeo a periodistas del área de seguridad Un sondeo realizado a un grupo de periodistas de diferentes medios de comunicación que abordan temas de seguridad reveló que el 33 por ciento no conoce los códigos de ética periodística y las normativas vigentes, el 42 por ciento conoce de manera imprecisa o a medias, y sólo el 25 por ciento dijo conocerlos con claridad. Por las respuestas obtenidas, en general, los entrevistados no conocen la verdadera dimensión del principio de presunción de inocencia y su aplicación, y consideran que con sólo anteceder la palabra “presunto" es suficiente, aunque su misma nota periodística refuerce la culpabilidad de una persona.

En cuanto a las respuestas obtenidas de los jefes de prensa y editores, se pudo advertir que conocen los principios para preservar la presunción de inocencia; dijeron que evitan mostrar el rostro de los inculpados y utilizan iniciales de los nombres, siempre señalando que se trata de presuntos o supuestos delincuentes.

En el caso de los dos medios impresos consultados dijeron que presumían la inocencia así la persona haya sido detenida infraganti. “Sólo un juez puede decir que es culpable”, subrayaron. Sin embargo, estas afirmaciones no se cumplen de manera sostenida. De acuerdo al monitoreo realizado a las publicaciones, se estableció que sólo hay momentos en que cumplen las medidas citadas. El uso de la palabra “presunto”, “sospechoso” o “supuesto” se cumple en general en el texto, pero en el mismo se habla de el “cabecilla”, el “golpeador”, el “avezado”.

Los representantes de tres medios televisivos indicaron que respetan la presunción de inocencia. Uno de ellos dijo que su medio evita mostrar los rostros y en todo caso sólo lo hacen cuando son presentados en conferencia de prensa. El otro medio señaló que hacen lo posible para preservar este derecho, aunque reconoció errores, y un tercero aceptó que al exponer a los detenidos ante la sociedad ya se incurre en una “condena civil”.

En el monitoreo realizado se evidenció que los medios televisivos son los que vulneran más este principio fundamental. Incluso persiguen a los sindicados por la policía, cuando quieren evitar ser filmados, en su afán de lograr imágenes. Pero es la televisora estatal la que comete este ilícito de forma abusiva al estar a disposición de las autoridades gubernamentales. Le dedica mayor tiempo, mayor detalle y es mucho más fiel a la versión policial y de gobierno.

Dos medios radiofónicos señalaron que protegen este principio utilizando siempre la palabra supuesto o presunto. Uno de ellos admitió que muchas veces por presentar la noticia rápidamente “estigmatizamos a las personas”. La falta de seguimiento e investigación es otro problema. “Sólo presentamos los casos y después no hacemos seguimiento”, expresaron.

“Yo creo que el desconocimiento o el descontrol que existe respecto a este tema es generalizado porque en realidad los jefes de redacción o información tampoco conocen de sus áreas (…) porque tendrían que advertir ciertos detalles que van a vulnerar primero las normas, luego el marco jurídico establecido, pero también los códigos de ética y los manuales deontológicos que guían la actividad periodística”, refirió el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz.

Casos específicos y normativa El código de ética de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) en el numeral 8 señala que “la consideración y la compasión deben llevar a los medios a respetar la vida privada de las personas y a no publicar nombre de sospechosos que no hubieran sido oficialmente imputados”.

Agrega que “Tampoco deberían publicarse nombres ni fotografías de menores de edad que cometieran actos delictivos y estuvieran mezclados en incidentes o reyertas”, sin embargo este precepto es poco respetado. Cuando las autoridades de gobierno presentan ante los medios de comunicación a personas sospechosas de algún delito, lo hacen sólo con la versión policial, y la mayoría de los periodistas lo asumen como una sentencia.

En agosto de 2011, cuatro ciudadanos peruanos fueron detenidos y presentados por el gobierno, ante los medios de comunicación, con los cargos de organización criminal y terrorismo. Aparecieron en las aperturas de los informativos, con nombres y apellidos. En este caso se vulneraron múltiples derechos incluso hubo tortura, situación que no fue percibida por los comunicadores pese al estado lamentable en que fueron expuestos por la policía.

Expulsaron a tres de ellos, sin permitirles el derecho a la defensa, y al cuarto se le sigue un proceso en el país, que pese a haber trascurrido más de dos años del hecho aún no se le ha notificado.

En este caso también se evidencia la falta de pruebas y donde “la justicia primero acusa y luego investiga”. En mayo de 2012 un grupo de jóvenes ambientalistas fueron presentados en la ciudad de La Paz por el Ministro de Gobierno Carlos Romero como responsables de una cadena de atentados terroristas a cajeros automáticos. Los medios y los periodistas reprodujeron la versión policial como única y no indagaron más allá.

Expusieron a los inculpados ante la sociedad –con nombres y apellidos aunque dijeron supuestos- y en ningún momento se preguntaron por la posibilidad de que se estuviera cometiendo una injusticia o si se respetaron los procedimientos legales. Transcurrido casi año y medio después, no hay una acusación formal ni las pruebas suficientes.

El 18 de abril de 2013, los medios publicaron sobre la detención de un supuesto sicario brasileño, quien habría dado muerte a sangre fría a un transeúnte, a plena luz del día, en una calle de Santa Cruz. El hecho fue registrado por cámaras de vídeo que luego fue reproducido por los canales de televisión en forma reiterativa. Los medios de comunicación no tomaron en cuenta la recomendación de la ANP y publicaron el nombre y la foto del brasileño. Días después el inculpado salió en libertad porque se comprobó que fue un error.

El gobierno nunca lo admitió. Las detenciones con acusaciones sobre delitos graves son las que más llaman la atención de los medios y los periodistas porque “venden”, como señalan algunos jefes de prensa. Ahí ya no importa si el detenido fue torturado o si sus derechos fueron vulnerados sino el impacto que puedan conseguir en sus lectores.

Con esos cargos pocos dudarán que los detenidos sean inocentes de las conductas que se les imputan. Incluso en algunas redacciones, los jefes de prensa y los editores, así como los periodistas, expresan el antelado y conocido juicio “si los han detenido por algo será”.

El artículo 296, numeral 4, del Código de Procedimiento Penal señala que los policías “no deben permitir que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social, sin su expreso consentimiento”, y que eso sólo será posible “en presencia del abogado defensor”.

En los casos mencionados, los operadores de justicia vulneraron el principio de presunción de inocencia, no respetaron la norma señalada, y por el contrario colaboraron para que esto se consumara; y los periodistas y los medios los legitimaron.

El artículo 6 del mismo Código dice que toda persona inculpada en un hecho delictivo será “considerado inocente y tratado como tal en todo momento”. La presentación ante los medios constituye desde ya una primera instancia de vulneración.

Las víctimas entrevistas relataron que nunca supieron –no les informaron- que las iban a exponer ante los medios de comunicación. Este actuar fue y sigue siendo la regla en el qué hacer cotidiano de la justicia boliviana.

Por los casos expuestos, se advierte en los periodistas, que abordan temas policiales y referidos a la justicia, tienen una idea preconcebida acerca de las personas imputadas, y hasta de las víctimas. Muchas veces sólo con información incompleta, desconocimiento de las etapas procesales y prejuicios, llegan a constituirse en “tribunales paralelos” y consuman de ese modo “juicios mediáticos” inapelables ante la sociedad.

La mañana del 19 de junio, la presentadora de televisión Priscila Quiroga en la revista Levántate Bolivia calificó de “monstruo” a un hombre presentado por la policía como el responsable de la violación y muerte de una niña en Santa Cruz.

La periodista decía que el sospechoso era el responsable del acto porque además que lo “confesaba”, según un video facilitado por la policía, “se ve que no siente ninguna culpa”. La conductora expresó: “a este monstruo se le debe dar mínimo de 30 años de cárcel” cuando ni siquiera el caso tenía una imputación fiscal.

La periodista desconoce que cualquier confesión sin presencia del abogado defensor y del fiscal carece de validez, si es que ese fuera el caso. Tampoco se preguntó si existió tortura contra el sindicado para que se autoinculpara, siendo conocido, de acuerdo a los datos del ITEI (Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal) que el 90 por ciento de los casos de tortura ocurren en la etapa de la investigación policial.

Además que la Defensoría del Pueblo recibe en promedio dos denuncias por día sobre tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Para la presentadora fue suficiente conocer los datos de la policía para emitir una “sentencia”, ignorando que “los indicios que pueda recolectar la policía sólo representan una de las partes en un juicio”, según señala el abogado penalista David Mogrovejo. “Sólo el juez determinará si las pruebas son válidas o no”, apuntó.

A los periodistas les indigna de sobremanera los actos delictivos cuando se trata, principalmente, de víctimas mujeres y niños. Actúan emocionalmente y juzgan y condenan de manera inmediata e inapelable a los supuestos culpables, sin considerar su condición legal de inocentes y que al final podrían serlo. Editores, jefes de prensa y periodistas inmediatamente ceden a publicaciones que dañan los derechos de esas personas poniendo los nombres y las fotos en primera plana, creyendo que al citar el “presunto” es suficiente, para además olvidarse del caso.

El académico español Francisco Barata aclara que la presunción de inocencia es un principio fundamental de la justicia y un signo de civilización por lo que debe entendérsela de manera integral. “Lo que presume la justicia es la inocencia y no la culpabilidad del imputado por lo que semántica y jurídicamente no hay lugar para el presunto delincuente”, cita en su libro Los mass media y la cultura del miedo.

Es de conocimiento general que la justicia en el país es corrupta e inoperante, situación reconocida por el propio gobierno, por lo cual más del 85 por ciento de los internos en cárceles son detenidos preventivos; sin embargo, como periodistas se contribuye a que esa lista de detenidos preventivos engrose.

La periodista Mery Vaca en su cuenta de Twitter comentó sobre la protesta de los internos de una cárcel de varones en La Paz: “Resulta que los presos de San Pedro defienden su honor porque los calificaron de violadores. Si están dentro, no deben ser blancas palomas”. Esta declaración da cuenta del prejuicio existente en muchos de los colegas que al final deriva en la vulneración de derechos y en la legitimación de la cuestionada justicia.

El periodista e investigador mexicano Marco Lara Klahr concluye en relación a estos casos que “la práctica periodística se reduce a una autoridad que produce información violatoria de principios legales -presunción de inocencia, debido proceso, derecho a la reputación y derechos de las víctimas- y a la reproducción de los medios con las mismas fallas legales”.

El representante del ONAEM manifestó que “si bien en temas de seguridad y delitos, la policía es una fuente confiable, no debería ser la única”. El código de ética periodística del Consejo Nacional de Ética dice en su numeral 11 que quienes dirigen los medios periodísticos y los y las periodistas deben “salvaguardar la presunción de inocencia, respetando las distintas etapas del proceso judicial” y no deben “emitir juicio anticipado sobre personas acusadas”.

El código deontológico del periodista también llama a respetar la presunción de inocencia. La función social de los periodistas y los medios no es juzgar, demostrar pericialmente, resolver delitos, condenar o castigar, sino posibilitar el ejercicio ciudadano del derecho a la información y asegurarse de que los operadores y administradores de justicia del sistema penal respeten las leyes y los procedimientos, señala Lara Klahr.





jueves, 1 de enero de 2015

Morder manzana entre cadáveres

Historia de un frustrado “inspector de viaje”
Morder manzana entre cadáveres
*Nicolás Fernández Motiño

El policía ingresó ágil al bus de las 21:00 del viernes de Trans Copacabana I Men (destino Potosí-La Paz). Esparció una rápida y sospechosa mirada a los pasajeros sentados y eligió: “Ud. –lo miré sorprendido-, será inspector de viaje”. Y ordenó: “anote en este formulario todo lo que dice”. Mirando a todos, exigió: “señores cooperen con el Inspector de viaje”. Antes de desaparecer, se volvió y me dijo: “Ah, un policía en La Paz recibirá el formulario, con su firma”. ¿Eso es todo? Le dije con timidez. –Eso es todo.
No bien se esfumó el policía, un niño casi adolescente ingresó cantando la historia de una madre que dejó para siempre a su pequeño. Para asegurarse también la limosna de los menos sensibleros, ironizó: “señores pasajeros les deseo buen viaje en este precioso bus cama que cuenta con un televisor a color, marca Sony, que no funciona…; y que ustedes podrán verse en el cuerpo de Arnold Schwarzenegger, moverse como Van Dame, pero con la cabeza de mok`onchinche”. Se ganó unos centavos.
Volví a la realidad. ¿Qué era eso de inspector de viaje? Era un nombramiento unilateral del policía de Potosí que decía: “Señor pasajero: con la finalidad de contribuir al control policial y prevenir cualquier situación de riesgo contra su vida y de los demás, es USTED designado INSPECTOR DE VIAJE”.

Angélica y las carreteras del miedo
Aquí, en la nueva terminal de buses potosino, estaba fresca la noticia de la niña Ana Angélica, de nueve añitos, encontrada viva y comiendo una manzana, junto a 23 cadáveres y la chatarra del camión que se embarrancó 250 metros desde el camino de Yungas.
La población, desde las últimas semanas, estuvo sometida a un shock de muertes en carretera. Quince murieron y 33 heridos quedaron en dos accidentes, uno en Bombeo (carretera hacia Cochabamba) y el otro en un barranco de Asunta (Yungas).
El domingo 27 de junio, el ayudante de Trans Uncía tuvo tiempo de advertir a los pasajeros que el bus corría sin control, sobre la carretera de Pongo K´asa (Cochabamba), sin frenos. 28 murieron y 44 heridos contaron la historia. Por el mismo lugar, a principios de año, fallecieron 22 pasajeros y 37 heridos de la flota El Dorado.
El más célebre fue el accidente del viceministro de Interculturalidad y ex asambleísta Miguel Peña Huaji, quien falleció junto a sus tres acompañantes sobre la carretera La Paz – Oruro, el 28 de mayo. Otra alta ex autoridad sobresaliente murió: el ex ministro de la Presidencia José Antonio Galindo, en junio de 2007.
En febrero de este año, el Gobierno nacional estaba enfrentando a los choferes organizados. No bien se dictó el decreto supremo 0420, los transportistas estaban parados. No aceptaban las sanciones ni controles drásticos a fin de disminuir las cifras mortales de las carreteras.
El diario La Prensa publicó que la Comunidad Andina de Naciones identificó a Bolivia como el país con mayor índice de accidentes con relación a los otros países miembros, en el 2009, con 410 por cada cien mil sucesos. Añade: “entre 2000 y 2009, en Bolivia acaecieron más de 273.000 accidentes de tránsito, que dejaron casi 9.500 muertos y 104.167 heridos”. Es decir, 30.000 accidentes por años, 1055 muertos y 11.574 heridos ¡por año! ¡2,8 por día muertos!
El estudio presentado por el Ministerio de Salud y Deportes en 2004 señala que hasta cinco años antes, ocurrían 55 accidentes por día, 2,5 por hora, con un saldo de muertos y personas discapacitadas; atribuible en gran medida a la “imprevisión del conductor”, a la “embriaguez del conductor” y “exceso de velocidad”; y solo un 2,55 a fallas mecánicas.

Solitarios en la carretera
Mi contribución al “control policial” y a la prevención de “riesgos contra la vida de los demás” consistía en marcar el “si” o en el “no” a la lista de 12 preguntas. Para comenzar, debía identificar a la empresa, al chofer, a su relevo y ayudante.
La puerta se abrió abruptamente y apareció el ayudante. Lanzó un bramido y corrió por el pasillo, no sé por qué. De retorno, se detuvo a mi pedido y, contra su voluntad, me contestó sobre el chofer: “Se llama Tomás Tapia” y se esfumó sin dar tiempo a ninguna otra pregunta. El bus ya estaba carreteando.
La burla del niño-adolescente parecía cumplirse dentro de Trans Copacabana I Men, el bus más exclusivo de Potosí, y el más caro: 110 Bolivianos, asiento-cama reclinable, una frazadilla delgada (olorosa), tres televisores (quién sabe de qué marca), baño higiénico (clausurado) y sin calefacción.
La cama cómoda, el televisor difuso y chillón, película de mala calidad (pirata 100%), título infantil para público adulto (las ardillitas no se qué), la frazadilla que no calentaba ni a las pulgas, el ayudante ni preguntó si necesitábamos algo más.
Volvamos al formulario y a mi inesperado cargo de Inspector de Viaje. Como no tenía a donde apoyar para escribir me guarde ello para una mejor oportunidad. Llegamos a Challapata y tomamos un descanso para compensar la falta de baño y combatir el frio con algo caliente.
Los dos choferes y el ayudante ingresaron a la cocina del restaurante de paso para pedir su compensación por los pasajeros que acaban de traer. Muy pocos pedimos un modesto café y uno solo un té con té. A los 15 minutos, ya estuvimos nuevamente carreteando, esta vez sin ninguna película chillona, sólo al son de algún ronquido perdido y a veces sinfónico.
Caí rendido como inspector de viaje. Soñé con frío.
Bramidos impotentes
Nuevamente el bramido del ayudante despertó a todos. “¡quién baja, El Alto!”. Las puertas se abrieron y el frio entró como avalancha, se abrieron las puertezuelas de los buzones. Unos sacaban sus bultos y otros subían con la ropa helada.
Trans Copacabana I Men frenó en la terminal de La Paz a las 05:30 del sábado. El frio era menos intenso que en Potosí o Challapata. Busqué al policía para cumplir con mi deber de inspector de viaje, pero ningún uniformado esperaba, nadie a la vista.
Los diarios, la radio y la televisión de fin de semana no dejaron de dedicar espacios a las declaraciones inflexibles y duras advertencias de los jefes policiales contra las empresas y choferes del transporte público por provocar desgracias.
Mientras tanto, en la comodidad de la casa, respondí el informe del inspector de viaje sobre mi contribución al negligente “control policial” y olvidada prevención de “riesgos contra la vida de los demás”, del siguiente modo:

1. “Retraso en la partida”
-Cinco minutitos
2. “Retraso en el arribo”
-Nadie nos dijo en qué tiempo arribaríamos a La Paz
3. “Subieron pasajeros en el recorrido de la flota o bus (detalle lugar y cantidad)”
-Desde la salida, paró dos veces: al dejar la terminal en Potosí y en Challapata. No tenía vista de rayos equis para ver fuera del bus.
4. “El bus excedió la velocidad de 80 Km. /h”
-Ni idea. Adentro no hay un velocímetro a modo de reloj público, o algo parecido.
5. “Existieron fallas mecánicas o de otra índole”
- El bus carreteaba y carreteaba, sin parar.
6. “Se suscitaron conflictos con los pasajeros”
-A más de la queja contra la calidad de la película, no.
7. “Los policías, ejercieron un efectivo control en el recorrido y/o trancas”
-Ningún policía subió al bus para preguntar a los pasajeros por nada. Ni nadie inspeccionó nada y ningún pasajero vio control externo.
8. “Existieron maniobras inadecuadas en su recorrido”
-Dormíamos. Nadie expresó una reacción parecido a pánico o susto.
9. “Cree usted, que el conductor tiene experiencia”
-El inspector de viaje no pidió la licencia de conducir a ninguno de los conductores y tampoco les tomó algún examen técnico, ni algún otro pasajero.
10. “El auxiliar o conductor, tuvo trato adecuado con los pasajeros”.
-Sus bramidos no molestaron a nadie, pero no preguntó a nadie la película chuta que difundiría en su destartalado televisor, ni siquiera el grado de volumen.
11. “Existieron pasajeros de pie o sentados en el pasillo central de la flota o bus”.
-Todos sentados, nadie en el centro, pero si en los dos buzones destinados a la carga.
12. “Se percató del consumo de alcohol de parte del conductor o auxiliares”.

-Tenían la cara abultada –seguro que por la coca mascada-; ni pedían que los pasajeros sintiéramos el aliento, ni los policías de ninguna tranca les sometieron al alcoholímetro.
Los cuadros del formulario destinados a las “sugerencias” quedaron en blanco, a si como el lugar en donde el policía de “origen” y el de “destino” debían firmar. ¿Para qué? ¿Quién lo haría cumplir?
En este viaje, tuvimos más suerte que la niña Ana Angélica. No tuvimos que morder ninguna manzana en medio de cadáveres y chatarra mortal.
El decreto supremo 0420 obliga a los choferes y operadores del transporte a presentar acreditaciones, a la policía a ejercer control de relevos en las trancas, al control social mediante la designación de un pasajero como “pasajero seguro” –con las mismas funciones que del “inspector de viaje”-, digitalización de las trancas –dos de ellas estaban alumbradas por mecheros-, pruebas de alcoholemias con equipos portátiles, prohibición de bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera y con sanciones drásticas, como el perder para siempre las licencias de conducir.
Entre tanto, los transportistas y pasajeros continúan en viaje por las carreteras de la muerte, sin otro control que el deseo de llegar vivitos a destino final.

*Publicado para el Diplomado Periodismo de Investigación
Asociación de Periodistas de La Paz
2010

martes, 9 de diciembre de 2014

La ofensa pública de Piérola a Evo



Hasta los muertos tienen honor
 
Norma Piérola, diputada electa por el PDC. Benjamín Miguel Harb, ex diputado y ex jefe del PDC. Ambos abogados. La primera exteriorizó su desprecio público por el presidente Evo Morales, el segundo enseñaba a los futuros juristas sobre el valor del honor, la dignidad, la imagen de las personas, cualquiera sea su condición social, económica, cultural o laboral, y las consecuencias penales en caso de no respetarlos.

No corresponder al gesto de respeto como el extender la mano y desconocer públicamente la autoridad legítima del mandatario, bien podrían constituirse en delito contra el honor en su forma de injuria.   

“El honor es un bien jurídico protegido por el derecho, por la ley, de ahí que las conductas que lo atacan de diferente manera son tipificadas como delitos”, escribió Miguel Harb (Derecho Penal, Parte Especial, de los delitos en particular. 5ta. Edición); y estaba en acuerdo con Quintana Ripolles en que el honor “es el valor individual de estimación que la sociedad acuerda a todo hombre”. No hay en el mundo ninguna persona sin derecho al honor, y en la ley penal boliviana hasta los muertos lo tienen.

El Código Penal Boliviano protege el bien jurídico del honor contra los delitos de calumnia, difamación, injuria y ofensas a la memoria de difuntos. Mediante la injuria –escribió el fundador del PDC, “se ofende el decoro y la dignidad, es deshonrar a una persona. Por ofensa a la dignidad y decoro se entiende un ataque a la honra, es decir a la dignidad o a la consideración que merece una persona”. Añadiría de mi  parte: hay un deliberado propósito de injuriar.

“Se discute si la omisión de un saludo protocolar, por ejemplo, dejar la mano extendida a un ilustre visitante, puede ser considerado injuria. El Código penal prevé esta situación, por cuanto con esta actitud, se está hiriendo de una manera directa el decoro de una persona. Lo propio puede decirse de las acciones o gestos despectivos”, comenta otro conocido abogado boliviano, Fernando Villamor (Derecho Penal Boliviano, Parte Especial, Tomo II).

La Constitución Política del Estado y las normas internacionales de derechos humanos reconocen que toda persona tiene derecho al respeto de su honor, honra y dignidad.

Los servidores públicos, como el Presidente del Estado y los legisladores, ya no se encuentran bajo el amparo del tipo penal del desacato que sancionaba a los ciudadanos que empleaban la calumnia, injuria y la difamación para atacarlos.

La Sentencia Constitucional Plurinacional 1250/2012 declaró inconstitucional el desacato y determinó que los servidores públicos sean tolerantes con las críticas del público, aún sean duras y ofensivas, como parte del ejercicio de la libertad de expresión en un Estado social plurinacional, de derecho y democrático; empero, no los deja desprotegidos frente a actos ofensivos o agresivos. “(…) este Tribunal (Constitucional Plurinacional) deja claramente establecido que los servidores públicos cuentan con el derecho al honor y la privacidad inherente a la dignidad”, además el honor “se encuentra penalmente garantizada como la de todos los ciudadanos mediante los tipos penales ´ordinarios´ de difamación, calumnia e injuria y otros dentro de los delitos contra el honor”.

A lo mejor la abogada y diputada Norma Piérola no leyó a los maestros bolivianos del derecho penal, a lo mejor desconoció su autoridad académica doctrinal.
 (Publicado en Cambio 9/12/14
(Nicolás Fernández Motiño -Periodista - abogado)
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