La Puta

Desde la acera de enfrente María Galindo

Si hay una mujer recurrentemente retratada por la sociedad patriarcal es la puta.

La Iglesia quiere mostrarnos a una puta que hay que condenar porque disfruta del sexo con los que la compran y la venden.

Los artistas la presentan como la prolongación de su virilidad creadora, la muestran tendida con las piernas abiertas para libre disponibilidad de todos los prostituyentes del mundo.

En la literatura, la puta apenas alcanza a gemir de gusto debajo de cuerpos nauseabundos.

Víctima y villana, tiene en el mundo machista cara de pecadora, senos grandes y piernas siempre abiertas. En la televisión y en los periódicos se la muestra muerta, tendida y sangrando en la calle sin que nadie la ayude, o vestida con apenas hilachas, cínica y portadora de crimen, enfermedad y vicio.

La puta es una mujer que tiene ojos vivaces y una capacidad de detectar el peligro y la mentira. No mira el mundo, sino lo escruta con los ojos, por eso la mirada de la puta es fuerte y contundente.

No le pasa lo mismo con la boca de donde sale una sonrisa quebrada por la tristeza, una mueca de asco, de dolor, de disconformidad. Ella tiene una sonrisa rota. No habla sino calla. Ella no confiesa, no revela, no delata y prefiere no hablar.

Para ella, amor y odio son una misma palabra; vida y muerte también. Noche y día son una misma palabra; hambre y deudas también, por lo que la puta no sólo habla poco, sino que ha ido perdiendo el significado de las palabras. El diccionario de la puta es otro, nada significa lo mismo para ella que para el resto de la humanidad.

Es puta porque no tiene otra cosa que hacer, porque lo fue desde el colegio, porque se lo ofrecieron en la puerta del instituto, en el primer trabajo, en el minibús y donde buscó algo que hacer para sobrevivir. Lo que se le ofreció es que sea puta. O puta del profesor o puta del jefe o puta del dueño de casa o puta del mundo, por eso la puta es puta casi porque es mujer, casi porque no hay trabajo, casi por casualidad, casi por destino trágico.

Por eso, en su condición de puta, no se esconde una novela sino una relación muy simple entre la necesidad y la posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, ella siente una insoportable vergüenza de ser puta. Se figura que es una situación transitoria hasta ahorrar el anticrético, pagar la deuda, terminar la carrera, lograr el monto que se necesita para la operación. Algo pasa que ese momento nunca llega, algo pasa que no hay donde trabajar, que nuevamente sus pasos la llevan al burdel. Cambia de ciudad pero no de sitio, cambia de barrio pero no de sitio.

La puta conoce el sabor del semen porque le toca tragarlo como veneno. El pene es un órgano más suyo que del prostituyente porque lo conoce al más mínimo detalle; su fragilidad, su flacidez, su verdadera dimensión de desesperada y frustrada masculinidad.

Ella mira a los hombres desde abajo y el que lleva las piernas abiertas es él y no ella. Por eso el prostituyente necesita humillarla para que jamás la puta se atreva a revelar por las calles aquello que en el burdel ha entendido sobre los hombres.

Conseguir que el prostituyente se sienta un macho potente le cuesta a la puta la vida, la dignidad, los sueños y la salud.

Es una mujer sentenciada a muerte, por eso está llena de vida, de ironía, de delicadeza, de ternura y de sueños. Para entender la fuerza de los deseos de la puta, la fuerza de la amistad de ella, habría que pensar en la fuerza del último deseo de un condenado a muerte.
(Tomado de Página Siete 17-4-13) María Galindo es miembro de Mujeres Creando.

Miércoles 12 de febrero de 2003: El día en que militares y policías se mataron frente al Palacio de Gobierno

Periodismo con Memoria

Se dijo que querían eliminar a Gonzalo Sánchez de Lozada

Carlos Sánchez Berzaín y Gonzalo Sánchez de Lozada 

 

 

(La Razón)

Nicolás Fernández Motiño

(La Prensa, febrero 24 de 2003).- El fiscal general de la República, Óscar Crespo, descabezó al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) luego de que esta organización judicial verificara que policías antiterroristas del Grupo de Acción Inmediata (GAI) dispararon al Palacio de Gobierno durante el enfrentamiento armado con militares en la plaza Murillo, el miércoles 12 de febrero.

Los GAI, que responden a un comando exclusivo financiado por la Embajada de Estados Unidos en La Paz, al parecer se sumaron a los policías amotinados que resistían a los soldados y dispararon con sus fusiles de precisión desde uno de los pisos del edificio del Instituto de Reforma Agraria, ubicado en la calle Indaburo y Junín, y muy probablemente desde el Hotel París.

La trayectoria de los proyectiles, según los investigadores forenses, recorrió desde estos edificios con dirección a los ventanales de las oficinas del Palacio de Gobierno.

El gobierno, tras los sucesos del miércoles 12, había denunciado que francotiradores que no son del Ejército ni de la Policía intentaron eliminar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Sin embargo, la revuelta policial que desencadenó una protesta masiva de la población tuvo su origen en el impuesto al salario del 12,5 por ciento —el “impuestazo”— que pretendían aplicar las autoridades.

Soldado herido (La Razón)

Los investigadores del IDIF, dirigidos por Jorge Núñez del Arco, encontraron, entre el viernes y domingo, evidencias de la actuación del GAI, pero no pudieron establecer bajo qué órdenes operaron, ya que esta unidad sólo responde al Presidente de la República, el Ministro de Gobierno, el Comandante General de la Policía y el Jefe de Inteligencia de la Policía.

La responsable de los fiscales asignados al caso, Gilka Hinojosa, y de los policías, el mayor Carlos Coritza, dirigieron las indagaciones y se hicieron de pruebas que confirman que policías de élite, todos del GAI, abrieron fuego contra los ventanales del Palacio de Gobierno en instantes en que el presidente Sánchez de Lozada permanecía aún en ese lugar bajo el resguardo de la guardia presidencial.

Lo curioso del caso es que el Fiscal General de la República ordenó el repliegue a Sucre del director del IDIF, Jorge Núñez del Arco, justo cuando encontraron pruebas, lo que dejó sin dirección a los investigadores y peritos forenses.

Paralelamente a las indagaciones del IDIF, las Fuerzas Armadas actuaron en el mismo camino con el propósito de identificar a los policías que dispararon como francotiradores desde el Hotel París, que queda frente al Palacio Quemado, y desde el ex edificio de la radio Nueva América.

Policía herido (La Razón)

Fuentes policiales y militares confirmaron a La Prensa que ambas instituciones movilizaron a sus fuerzas reservadas para operaciones secretas: el GAI de la Policía Nacional y el GRIE (Grupo de Reacción Inmediata del Ejército). Se desconoce si ambas unidades chocaron el miércoles 12 de febrero. Lo evidente es que el GAI disparó contra el Palacio, donde murieron un soldado y un oficial del Ejército.

La Policía contó con 10 muertos y una veintena de heridos. El Ejército cuatro muertos y 50 heridos, todos de bala.

La Prensa conoció que el dueño del edificio donde funcionaba radio Nueva América, Martín Salmón, denunció que el miércoles 12 unos 20 policías armados ingresaron por la fuerza a los pisos nueve y 10, y desde allí dispararon contra el frontis del Palacio. Desde una de las cúpulas de la Catedral, los militares respondieron a los tiros.

Durante el trajín de la balacera, un oficial dejó una gorra policial que llevaba el apellido Saavedra. Y en el edificio del INRA los GAI dejaron algunas municiones servidas que fueron recuperadas por los forenses.

Otro grupo de seis policías, armados con fusiles, actuó desde la habitación 207 del segundo piso del Hotel París.

Una semana tarde

Los investigadores del IDIF ingresaron al Palacio una semana después de los hechos sangrientos porque, según fuentes policiales, el entonces ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín, ordenó que se evite las pesquisas pese a que el gobierno denunció un intento de asesinato al Presidente.

El enfrentamiento armado entre policías y militares se produjo el 12 de febrero. Pero al día siguiente los francotiradores militares continuaron con la balacera, que dejó muertos y heridos civiles.

Lo que llama la atención es cómo el GAI, siendo una unidad de policías de élite y bajo comando exclusivo, llegó a la plaza Murillo para “combatir” a los militares atrincherados en el Palacio de Gobierno y las calles aledañas.

Se conoció extraoficialmente que la Embajada de Estados Unidos comunicó su malestar por el empleo del GAI en una situación que no respondía a los objetivos para los que fue creado ese comando, es decir, de acción inmediata en “operaciones quirúrgicas”.

Para los policías no es desconocida la existencia del GAI ni para los militares el GRIE.

Penalista pide la actuación del Ministerio Público

El abogado penalista Gonzalo Valenzuela demandó al Ministerio Público una investigación veraz y transparente de los sucesos del miércoles 12, cuando se enfrentaron policías y militares, y el jueves 13, cuando los militares dispararon y mataron a civiles, con el fin de imponer un estado de derecho y recuperar la imagen de país pacifista.

Valenzuela dijo que haciendo abstracción del origen del problema, durante dos días en Bolivia se puso en riesgo la existencia de un Estado democrático.

Sostuvo que todo ciudadano tiene el derecho constitucional a la petición, sin emplear la violencia, violar las normas jurídicas ni colocar a Bolivia en un sitio de país de riesgo.

“Lamentablemente —dijo Valenzuela— se produjeron hechos que ingresaron a la conducta antijurídica sancionados por el Código Penal”.

Los hechos del miércoles 12 y jueves 13, que dejaron el saldo de 33 muertos y 205 heridos entre policías, militares y civiles, han sido tipificados como delitos de alzamiento armado contra el Estado, sedición, atribuirse el derecho del pueblo, conspiración, atentados contra el Presidente de la República y otros dignatarios de Estado, omisión de deberes, entre otros.

El penalista reclamó que es importante recuperar el principio de autoridad y sancionar con justicia a los responsables de los sucesos sangrientos.

Manifestó que el Ministerio Público, mediante el Instituto de Investigaciones Forenses, es el único organismo calificado y llamado por ley para investigar de manera transparente.

Valenzuela convocó a una manifestación de pacificación para sostener el estado de derecho y democrático.

“Hay que doblar la página negra que vivimos el miércoles y jueves”, sostuvo el abogado y ex fiscal del Ministerio Público.

Inteligencia de la Policía no pudo detectar el amotinamiento del 12

Ante la versión de que el sistema interno de inteligencia de la Policía Nacional falló en detectar el motín del GES, cuando el año 2000 ese sistema alertó al ministro de Gobierno de entonces, Wálter Guiteras, jerarcas de la institución señalaron que no hubo ocultamiento de información o mala voluntad para transmitirla y así perjudicar la gestión del comandante general, Édgar Pardo, sino que confluyeron varios factores de presión interna sobre la tropa.

El primer motivo del conflicto, según explicaron fuentes policiales, lo dio el propio gobierno al anunciar que con el “impuestazo” venía una austeridad en la Policía Nacional, reducción de presupuesto y congelamiento salarial, cuando a cambio de todos estos sacrificios el Poder Ejecutivo anunciaba que el nuevo plan de seguridad ciudadana implicaría nuevas labores y tareas para los policías sin aumentar sus ingresos.

Un alto jefe policial que pidió el anonimato dijo que “ya no es esto como antes, no podemos imponer verticalidad cuando los oficiales medios y tropa son contestones y además con razón, porque nosotros podemos aguantar retrasos en el sueldo, pero ellos (los policías de menor rango) no, sus condiciones salariales son bajas”.

Añadió que la gota que rebalsó el vaso fue que además de la posición rígida del gobierno conocida esa semana, las autoridades del Ejecutivo incumplían el compromiso de pagar salarios máximo hasta el 10 de cada mes, de esa forma el 11, un día antes del enfrentamiento con los militares, ya existía un grave molestar en filas de los verde olivo.

“Por eso la reacción de esa gente no era un tema que Inteligencia pudiera prever, porque fue espontánea”, añadió la fuente.

Generales niegan que hayan complotado contra Pardo

La Prensa conversó con altos jefes policiales, a quienes les consultó por qué los miembros del Alto Mando policial dejaron solo al general Édgar Pardo durante el amotinamiento.

Un general negó rotundamente que ello hubiera sucedido. Aseguró que todos los jefes policiales participaron en la negociación, pero que, además, por normatividad interna, corresponde al general Pardo encabezar estos procesos, lo que no significa que el resto de comandantes no hubiera tenido conocimiento del diálogo con el gobierno.

“Siempre existió un contacto entre los jefes policiales con Pardo, desde el Comando hacia los lugares donde se dirigía el Comandante General”, explicó esa fuente, quien no quiso ingresar en mayores detalles porque la representación y voz oficial de la Policía es su Comandante. Otro general se negó a dar una posición sobre los recientes conflictos porque la intención es bajar los ánimos caldeados en la relación con los militares.

Este jefe policial explicó que no podía adelantar criterios sobre la eventualidad de que existan policías que resulten culpables de ser francotiradores.

Un tercer general consideró que existían las instancias permanentes para abordar el problema del amotinamiento. Similar actitud evasiva mostró el resto de los miembros del Comando Nacional. Negaron haber “complotado” contra el general Pardo y haberlo dejado solo con el lío policial.

Se supo que entre el miércoles 12 y jueves 13 algunos generales que secundan a Pardo buscaban la “caída” del Comandante.

Al respecto el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Harb, aclaró que en ningún momento los jefes policiales estuvieron al margen de la institucionalidad. 

Autopsia al mártir Luis Espinal

 

Los restos del sacerdote jesuita y periodista Luis Espinal (22 de marzo de 1980)

Lo conocido: fue secuestrado por paramilitares, conducido al matadero, colgado como animal, torturado y fusilado. Luís Espinal C. fue plagiado el 21 y muerto el 22 de marzo de 1980 por paramilitares enviados por Luís Arce Gómez. Ironías de Luises tan diferentes, el uno santo y revolucionario y el otro simplemente criminal, como su socio Luis García Meza.

Este asesinato fue el preludio del golpe de estado en Bolivia–en julio de 1980- organizado por bandas de narcotraficantes, como Roberto Suárez Gómez –primo de Luis Arce Gómez-, paramilitares entrenados por mercenarios alemanes como Klaus Altman B., el “carnicero de Lyon”, el jefe de ADN Hugo Banzer S., y activos militantes del viejo MNR y la fascista FSB, y los comandantes de las Fuerzas Armadas, lideradas por Luis García Meza, que contó con el asesoramiento de militares golpistas de Argentina.

La autopsia – crucifixión

Reconstruido el hecho criminal, sobre la base de la autopsia practicada por los médicos forenses Félix Romano y Rolando Costa Ardúz, el periodista habría muerto así:

“Herida profunda sobre la ceja derecha”. Uno de los paramilitares tuvo que haberlo golpeado con la culata del arma para reducirlo. Y, otro lo dejó “ambos labios fuertemente golpeados”, probablemente para que no pidiera auxilio.

En el matadero de Achachicala, fue atado de manos y colgado hasta provocarle “equimosis multiformes a nivel de ambas muñecas, preferentemente del lado derecho”. Y, enseguida golpe tras golpe, hasta dejarlo con “mancha roja que cubre todo el pecho” y “la fractura del hueso esternal”.

Uno de los paramilitares –furioso de no obtener nada de su víctima- tomó su automática, con “balas blindadas” de 9mm, y apretó el gatillo. La ráfaga de 18 proyectiles destruyó el “tórax y el perineo, pulmón derecho, costilla, intestino, estómago, riñón derecho, pie derecho, columna y glúteo izquierdo”.

Causa de la muerte: “Hemorragia aguda por múltiples lesiones esquelético – viscerales provocadas por paso de proyectil de armas de fuego” y “traumas  provocadas en vida”.

Han transcurrido 33 años del martirio de Luis Espinal y ninguno de los “luises” criminales, ni sus verdugos paramilitares, han pagado por este sacrilegio. En cambio, el pueblo movilizado, dio su propio veredicto: “Arce-sino”, “Arce-sino”, “Arce-sino”.

          Nicolás Fernández Motiño

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Las maneras de morir en el periodismo boliviano



Luìs Espinal C.



La muerte de la periodista Hanalí Huaycho, si bien desvinculada del ejercicio de su profesión, es un ejemplo para la reflexión sobre el papel del Estado en el resguardo de los profesionales de la información, cuyo oficio es de ‘alto riesgo’.

      Nicolás Fernández  Motiño

Pareciera haber tres maneras de morir en el periodismo boliviano: 1) en el ejercicio de la profesión, 2) al margen de toda vinculación profesional y 3) la combinación de ambas formas. Puede resultar frívolo escribir sobre cómo se muere en el gremio en estos momentos de luto. 

Al periodista Luis Espinal Camps lo secuestraron, torturaron y asesinaron fuerzas paramilitares, por su condición profesional, el 22 de marzo de 1980.

Los periodistas hermanos Verónica y Víctor Peñasco murieron el 25 de febrero, y Eugenio Aduviri, el 12 de mayo de 2012; los tres en manos de delincuentes callejeros, quienes aparentemente no conocían la profesión de sus víctimas.

Y ahora, Hanalí Huaycho Hannover, periodista de televisión casada con un oficial de la Policía Boliviana, su presunto verdugo.

Verónica Peñasco

Los tres casos confirman el por qué el periodismo es considerado como profesión de alto riesgo. Por lo general, las agresiones mortales provenientes de confrontaciones bélicas contra periodistas que cubren dichos acontecimientos son las que más han llamado la atención en el mundo de la libertad de expresión que aquellas muertes no vinculadas al ejercicio periodístico.

La protección de los periodistas en misión peligrosa o de alto riesgo sigue siendo un tema que preocupa a los organismos internacionales de derechos humanos y del mismo derecho internacional humanitario, dado el elevado índice de muertos de profesionales en cumplimiento de la función en conflictos armados internos, guerras externas, crimen organizado, corrupción, etc.

La causa de estas muertes tiene su fuente de explicación en la actuación de periodista que ejerce la libertad de expresión (con su ciclo de buscar, recibir y difundir información de utilidad pública) en nombre de sus públicos, que justifica también el motivo de su protección desde la esfera estatal

Para el caso boliviano, el Estatuto Orgánico del Periodista (Decreto Supremo 494) señala que el periodista “posee el atributo de la fe pública”, la Constitución Política del Estado “garantiza” a los trabajadores de la prensa el ejercicio de esta libertad y el Código Penal se encarga de penar a quienes estorben la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de comunicación.

Si para la Carta Democrática Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”. Entonces, la seguridad física de los periodistas en el ejercicio de sus funciones se hace vital. ¿Qué pasa cuando un periodista es víctima mortal sin estar en ejercicio de sus funciones? Los hermanos Peñasco salían de casa rumbo a la radio y Aduviri ya había abandonado la sala de redacción. Sus agresores, aparentemente, no conocían que eran periodistas.

El Ministerio Público acusó a los agresores de los periodistas por delitos contra la vida y espera sentencias por asesinato, 30 años de presidio sin derecho a indulto. Aun logrando la máxima pena, los tres casos judiciales serían considerados ordinarios.

Hanalí Huaucho H.

La situación de Hanalí, entre los periodistas muertos en el ejercicio de las funciones y los que estaban fuera de ella, es un caso intermedio. Ella realizaba con regularidad su trabajo en la televisión y su esposo, ahora exoficial de la Policía, conocía que estaba unida a una periodista que ejercía la libertad de expresión a nombre de su público, estaba sujeta a la Ley de Imprenta, protegida por el Código Penal (libertad de prensa) y su trabajo garantizado por la Constitución.

A decir de las denuncias públicas, Huaycho llevó su caso de violencia intrafamiliar a los comandantes superiores de su esposo y oficinas policiales de protección a la familia; quizá sus propios jefes en la televisión conocían de su calvario particular, pero aparentemente ninguno —incluido los policías— cayó en cuenta de que se estaba afectando el bien común como es el de buscar, recibir y difundir información pública.

La tendencia internacional es que los Estados deben dar protección y seguridad a los periodistas en “todos los casos” de violencia e incluir en sus sistemas judiciales penales “la categoría de delitos contra la libertad de expresión”, con “penas más severas” y “sujetos a imprescriptibilidad”, por tratarse de delitos graves “que representan un ataque directo contra todos los derechos fundamentales” no solamente de los periodistas, sino del público en general.

El Estado Plurinacional de Bolivia “garantiza” a los periodistas, como no lo hace ninguna otra Constitución, “la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información (artículo106, III)”. Esta garantía, empero, no se aplicará por sí sola, requiere de una ley que prescriba nuevos tipos penales que protejan el bien jurídico de la libertad de expresión y del ejercicio de periodismo.

El resarcimiento de daños es otra preocupación por los periodistas víctimas. La Ley del Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en General u Otras Causas para las Trabajadoras y Trabajadores de la Prensa de Bolivia “Hermanos Peñasco Layme” viene a cumplir con la exigencia de dar seguridad social a los beneficiarios del sector y se abre a casos de reparación, como el de Hanalí, sin que sea requisito el estar ejerciendo la función en el momento de ser víctima de algún acto violento.

Los hechos de violencia que afectan al gremio periodístico y a su alma, la libertad de expresión, están reclamando la participación de las organizaciones de prensa en iniciativas legislativas que garanticen la circulación de información libre de toda presión interesada, preserven el derecho de los ciudadanos a recibir información con calidad y resguarden la vida de sus mensajeros honestos.

No más crónica roja por la muerte de un colega.

      (La Razón, Animal Político 24/2/13)

Extorsión: la noticia judicial más comentada en Bolivia

¿Cuál es la responsabilidad de los jueces y fiscales que otorgaron favores extra-judiciales a los despropósitos de los presuntos extorsionadores?

La prensa boliviana bautizó como "caso extorsión" a las presuntas acciones delictivas de un grupo de abogados que dependían del Ministerio de Gobierno y un funcionario del Ministerio de la Presidencia.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Fiscalía de Santa Cruz, los imputados habrían formado un "red de extorsionadores" sobre sus víctimas procesadas por diferentes causas. Aparentemente, recibían dinero en efectivo y se encargaban de “presionar” a jueces y fiscales, quienes sin resistencia alguna concedían favores judiciales a los procesados.

Sean Penn destapó -como se dice popularmente- la olla de grillos malos. Intercedió personalmente ante el presidente Evo Morales Ayma por su amigo Jacob Ostreicher, preso en Santa Cruz por el presunto delito de lavado de narco-dólares.

La palabra extorsión entró así al debate político, judicial y social. El tipo penal descrito en el Código Penal boliviano atenta el bien jurídico de la propiedad. El artículo 333 prescribe: “(Extorsión) El que mediante intimidación o amenaza grave constriñere a una persona a hacer, tolerar que se haga o deje de hacer alguna cosa, con el fin de obtener para sí o un tercero indebida ventaja o beneficio económico, incurrirá en reclusión de 1 (uno) a 3 (tres) años”.

El verbo constreñir, núcleo del tipo penal de extorsión, es definida por la Real Academia Española, como “Obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo”.

La extorsión ataca al bien jurídico que protege la propiedad. “(…) el desplazamiento de la cosa (propiedad) objeto del delito se produce por la actividad de la misma víctima, que es quien entrega o pone la cosa a disposición del autor (extorsionador), pero con su voluntad viciada por coerción (Creus, 2008)”. 

¿Las investigaciones de la Fiscalía lograrán demostrar que el grupo de presuntos abogados extorsionadores obligó realmente a los jueces y fiscales a dictar sentencias y fallos extrajudiciales, sin ninguna oposición o denuncia a estos? ¿O que estas acciones antijurídicas se concentraron en las víctimas con la complaciente complicidad de jueces y fiscales?

El tipo penal de la extorsión se popularizó entre la prensa boliviana porque la Fiscalía anticipó la imputación por este delito que aunque reviste de “intimidación y amenaza grave” para las víctimas, su sanción no excede los tres años y no tiene cárcel, necesariamente. Y, se puede deducir de los comentarios de los investigadores, que el Estado no sufrió ningún daño económico ni patrimonial.

El costo político para el gobierno de Evo Morales es alto. Él reaccionó públicamente contra los “extorsionadores” y demandó acciones judiciales drásticas para sentar precedente, como lo ha hecho en otros casos. Sin embargo, el recuento de daños es mayor al político porque se desnudó a una justicia boliviana contaminada, peligrosa amenaza en lugar de seguridad para los ciudadanos.

El “caso extorsión” recién comienza a ser investigada y los ojos de la opinión pública están puestos en las acciones que realizan los fiscales investigadores. El volumen alcanzado por el escándalo público deja entrever que hay conductas realmente dolosas, con una amplia “participación criminal” de autores, instigadores, cómplices, concurso de acciones y que alcanzan otros delitos -y autores- más allá de la simple extorsión.